Por Karina Gómez
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., 28 de agosto de 2026.— Una nueva jornada para avanzar en el litigio por tierras en Hopelchén terminó en otro aplazamiento y una denuncia contra el sistema de justicia estatal.
Representantes de un grupo de menonitas acudieron este viernes a las Salas de Juicios Orales de Campeche para continuar el proceso relacionado con los predios El Progreso, El Porvenir y El Triunfo. Sin embargo, la falta de un intérprete certificado de alemán bajo impidió que se celebrara la audiencia, según expusieron los interesados.
Ante los retrasos, el grupo y su representación legal anunciaron que promoverán un “Incidente de Incompetencia” contra el Poder Judicial de Campeche. Señalaron que las postergaciones extienden un conflicto que, de acuerdo con su versión, comenzó en 2018.
Eraclio Rodríguez Gómez, representante del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, informó que la audiencia estaba programada para las 10:00 horas. Explicó que la ausencia de un intérprete certificado obligó a suspenderla nuevamente.
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las personas que no hablan o no comprenden español tienen derecho a recibir asistencia gratuita de un traductor o intérprete. Esta ayuda debe estar disponible durante las actuaciones necesarias para que entiendan el procedimiento.
Menonitas defienden la propiedad de 500 hectáreas
A las puertas de las Salas de Juicios Orales, Johan Neufeld Wall, identificado como propietario de El Progreso y El Porvenir, aseguró que posee documentos que acreditan la propiedad de las tierras. También acusó que enfrenta un proceso con el cual pretenden despojarlo de cerca de 500 hectáreas.
De acuerdo con los documentos y antecedentes citados por los afectados, el conflicto incluye operaciones de compraventa y títulos de propiedad de años anteriores.
Neufeld Wall afirmó que celebró un contrato de compraventa con Gregorio Sánchez Martínez en 2012. Indicó que inscribió la operación ante la Notaría Pública número 12 y que también cuenta con un título de propiedad expedido en 1994.
También declaró que, en 2015, la entonces Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó una autorización relacionada con la limpieza del predio. Después intervino la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Neufeld Wall señaló que esos antecedentes forman parte de los documentos con los que busca acreditar la posesión legal de las tierras.
Durante la protesta, los menonitas señalaron públicamente a Luis Villareal y cuestionaron actuaciones que atribuyen a autoridades judiciales y ministeriales dentro del conflicto.
Neufeld Wall aseguró que existe otra orden de desalojo relacionada con el predio denominado El Ramonal. No obstante, sostuvo que ese nombre no corresponde a los terrenos que ocupan, pues estos se denominan El Progreso y El Porvenir.
Las acusaciones corresponden a la versión de los afectados. Hasta ahora, la información disponible no incluye una resolución judicial firme que determine la propiedad definitiva de las tierras ni la responsabilidad de los funcionarios o particulares señalados.
Solicitan apoyo del Congreso de Campeche
Después de acudir a las Salas de Juicios Orales, integrantes del grupo menonita se trasladaron al Congreso del Estado de Campeche para solicitar la intervención y el acompañamiento de los legisladores.
José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso, y el diputado Miguel Ángel Pool Alpuche atendieron a los inconformes.
La página oficial del Poder Legislativo identifica a Jiménez Gutiérrez como presidente de la Junta de Gobierno y Administración y a Pool Alpuche como primer vocal.
Los menonitas solicitaron que el Congreso conozca el caso y contribuya, dentro de sus facultades, a que obtengan acceso efectivo a la justicia y una resolución conforme a derecho.
Nueva audiencia será el 11 de septiembre
El caso también expone la obligación de las instituciones de evitar que las barreras lingüísticas obstaculicen el acceso a la justicia.
El Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce el derecho a recibir asistencia gratuita de un traductor o intérprete cuando una persona no comprende o no habla español.
La falta de un intérprete certificado puede impedir que se celebre una audiencia. Sin embargo, el nuevo aplazamiento plantea una pregunta: ¿cuánto tiempo puede prolongarse un litigio si las instituciones no cuentan a tiempo con los recursos necesarios para garantizar la comunicación entre las partes?
Los menonitas afirmaron que no buscan privilegios, sino defender sus propiedades y comprender cada actuación del proceso judicial.
Las partes deberán acudir de nuevo el 11 de septiembre. En esa fecha se prevé que continúe el conflicto que, según los afectados, lleva años sin una solución definitiva.
