Por Karina Gómez
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., a 14 de agosto del 2026.— Lo que para el Gobierno federal representa una nueva etapa en el reconocimiento de los pueblos originarios, para colectivos mayas de Campeche puede convertirse en una nueva puerta de control burocrático sobre sus propios derechos.
La propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos entró en una etapa decisiva con el proceso nacional de consulta que se desarrolla este año. Sin embargo, organizaciones y colectivos mayas han advertido que diversos artículos de la iniciativa podrían terminar subordinando derechos colectivos a decisiones administrativas del Estado.
Y Campeche no es un territorio ajeno a esta discusión. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 70 mil 603 personas hablaban maya en Campeche en 2020, lo que coloca a esta lengua como la principal lengua indígena de la entidad: ocho de cada 10 hablantes de alguna lengua indígena en el estado utilizaban el maya.
Por eso, cualquier cambio en las reglas para reconocer comunidades, consultar proyectos, defender territorios o acceder a recursos naturales tendrá consecuencias directas en municipios y localidades donde la identidad maya continúa formando parte de la vida comunitaria.
Registro de comunidades, uno de los primeros puntos de preocupación
Una de las principales objeciones de los colectivos está en los artículos 30 y 31 de la propuesta, relacionados con el reconocimiento e inscripción de comunidades en un Catálogo Nacional.
La preocupación es que el reconocimiento pueda terminar dependiendo de procedimientos administrativos y de la intervención del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
En otras palabras, el temor es que una comunidad tenga que demostrar ante el Estado que merece ser reconocida como sujeto de derechos.
Los colectivos demandan que la ausencia de registro jamás pueda utilizarse para negar, suspender o limitar derechos. El planteamiento cobra especial relevancia en Campeche, donde existe ya un marco jurídico estatal que reconoce derechos, cultura y organización de los pueblos y comunidades indígenas y contempla mecanismos propios de representación maya, como el Congreso Maya y el Gran Consejo Maya.
Territorio y recursos naturales entran al centro del debate
El segundo punto de alarma está relacionado con los recursos naturales. Los pueblos mayas cuestionan que el artículo 33 contemple el acceso a recursos naturales, pero con restricciones para aquellas áreas que sean consideradas “estratégicas” por el Estado.
Para las comunidades, el problema es evidente: ¿quién determina qué es estratégico y quién termina teniendo la última palabra sobre el territorio?
En Campeche, la pregunta adquiere una dimensión ambiental y económica particularmente sensible por la extensión de las zonas rurales y selváticas, así como por la presencia de actividades productivas, proyectos de infraestructura y aprovechamiento de recursos.
La discusión ya no sería solamente sobre identidad cultural. Sería sobre tierra, agua, territorio y poder de decisión.
Otro de los puntos que los colectivos consideran peligrosos es la condicionante del “impacto significativo” para determinar cuándo resulta obligatoria una consulta.
Los pueblos mayas sostienen que no debería corresponder exclusivamente a autoridades gubernamentales decidir si una medida afecta suficientemente sus derechos como para activar el mecanismo de consulta.
El Gobierno federal mantiene actualmente un proceso de consulta nacional sobre la iniciativa. El Diario Oficial de la Federación estableció que las asambleas regionales se desarrollarán entre el 1 de julio y el 13 de septiembre de 2026, con participación de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
El propio INPI señala que la consulta busca recoger opiniones, propuestas y planteamientos de los pueblos antes de avanzar con la legislación.
Pero ahí está precisamente el punto de conflicto. Los pueblos quieren que la consulta sea un derecho efectivo y no una formalidad para validar decisiones previamente tomadas. El debate federal también coloca bajo la lupa la legislación campechana.
El Congreso del Estado cuenta con una ley específica sobre derechos, cultura y organización de los pueblos y comunidades indígenas, en la que incluso se establece la realización de un Congreso Maya al menos una vez al año, con participación del Gran Consejo Maya.
Por ello, la nueva legislación federal tendrá que convivir con un entramado jurídico estatal que ya reconoce instituciones y mecanismos de organización indígena. La pregunta será si la nueva ley federal amplía esos derechos o termina imponiendo nuevos filtros administrativos.
El amparo también genera cuestionamientos
Los colectivos también cuestionan las disposiciones relacionadas con el llamado “amparo indígena”, al considerar que establecer requisitos especiales para su promoción puede dificultar que personas y comunidades recurran directamente a la justicia.
En comunidades donde existen conflictos internos, divisiones o cuestionamientos a las autoridades tradicionales, advierten, exigir determinados mecanismos de representación podría dejar a personas sin una vía efectiva para defender sus derechos. Por ello reclaman eliminar restricciones al interés legítimo y garantizar que cualquier integrante pueda acudir a los tribunales cuando considere vulnerados sus derechos colectivos.
El reclamo de fondo de los colectivos mayas puede resumirse en una sola exigencia: que el Estado reconozca derechos que ya existen, en lugar de crear trámites para decidir cuándo pueden ejercerse.
En Campeche, donde decenas de miles de personas mantienen viva la lengua maya y donde existe legislación estatal específica para sus pueblos y comunidades, el debate federal no es una discusión lejana, ya que puede impactar directamente en territorio, recursos naturales, identidad, participación política, autonomía y acceso a la justicia.
La iniciativa se encuentra precisamente en la etapa en la que los pueblos están llamados a pronunciarse. Y para las comunidades mayas campechanas la nueva ley no puede convertirse en una camisa de fuerza burocrática para quienes históricamente han defendido su territorio.
La discusión apenas comienza, pero el mensaje de los colectivos ya está sobre la mesa, si la ley pretende hablar en nombre de los pueblos indígenas, primero tendrá que escuchar lo que los pueblos tienen que decir.
