Por Karina Gómez
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., a 14 de agosto de 2026.- Lo que durante semanas circuló como una denuncia ciudadana en redes sociales terminó convertido en una investigación penal. La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) ejecutó una orden de cateo en un predio presuntamente utilizado como basurero clandestino, donde fueron localizados residuos enterrados a más de tres metros de profundidad y materiales cuya disposición irregular podría representar un grave riesgo ambiental y sanitario.
La diligencia fue realizada por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, con autorización de un Juez de Control, dentro de una carpeta por el probable delito de Alteración y Daños al Medio Ambiente. En el operativo participaron autoridades ambientales, sanitarias, militares y de seguridad, además de Protección Civil estatal.
Durante la inspección fueron documentados residuos que no corresponderían únicamente a basura doméstica. Entre los materiales localizados se encuentran refrigeradores, estufas, microondas, lavadoras, llantas, residuos electrónicos y otros equipos que pueden contener sustancias y metales potencialmente contaminantes.
La autoridad señaló que entre los elementos de interés se encuentran plomo, cadmio, cromo, zinc y mercurio, además de otros contaminantes que deberán ser determinados y cuantificados mediante los análisis periciales correspondientes. También se realizaron excavaciones para documentar los residuos confinados y determinar la magnitud del posible daño.
Uno de los principales focos de preocupación son los lixiviados, líquidos que se generan cuando el agua atraviesa residuos y arrastra contaminantes hacia el subsuelo. La Fiscalía tomó muestras de posibles lixiviados y otros elementos de interés pericial que serán sometidos a análisis para determinar si existe contaminación del suelo, subsuelo o agua.
La investigación comenzó formalmente hace aproximadamente dos o tres semanas, de acuerdo con la autoridad, aunque existen testimonios que apuntan a que la disposición de residuos en el sitio podría tener más de tres años. La Fiscalía anticipó que buscará realizar estudios adicionales de agua y, de ser necesario, dar vista a autoridades federales como la FGR, PROFEPA y CONAGUA.
“Están asesinando a la Madre Tierra”
Durante su visita al sitio, el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, acompañado del vicefiscal Alexandro Brown Gantús, calificó el caso como un hecho de extrema gravedad. Sarmiento sostuvo que la protección ambiental constituye un derecho humano y expresó preocupación por las posibles consecuencias que el sitio pudiera generar para la población.
El funcionario advirtió que el problema podría tener un impacto que trascienda al terreno debido a su cercanía con infraestructura hidráulica, establecimientos industriales y el aeropuerto de Campeche. Sin embargo, hasta ahora no existe un dictamen científico que confirme afectaciones a esas instalaciones, por lo que será necesario esperar los resultados de los estudios ambientales.
La presencia de residuos electrónicos, aparatos eléctricos, llantas y metales pesados genera especial preocupación por la posibilidad de liberación de contaminantes. La Fiscalía señaló que sustancias como plomo, cadmio y mercurio pueden representar riesgos para la salud, aunque serán los análisis de laboratorio los que determinen cuáles están efectivamente presentes, en qué concentración y si existe exposición o afectación a la población.
Durante el cateo fueron localizadas ocho personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público únicamente en calidad de aportadores de datos. La Fiscalía también investiga posibles responsabilidades de particulares y de quienes pudieran haber autorizado, permitido o participado en el confinamiento irregular. Hasta ahora, no existe una determinación judicial que responsabilice a funcionarios municipales o empresas específicas.
La investigación podría llegar al ámbito federal
La Vice Fiscalía informó que mantiene abiertas investigaciones por delitos contra el ambiente relacionados con basureros de Campeche, Champotón y Escárcega. En el ámbito estatal, el delito de Alteración y Daños al Medio Ambiente contempla, según la información proporcionada por la Fiscalía, de un mes a tres años de prisión y multas de 50 a 3 mil UMA, además de agravantes cuando existe afectación a centros de población.
Si los hechos corresponden a delitos de competencia federal, las consecuencias pueden ser mayores. El Código Penal Federal contempla penas de uno a nueve años de prisión para determinadas conductas relacionadas con sustancias peligrosas que ocasionen daños a los recursos naturales, ecosistemas, suelo, subsuelo o calidad del agua.
La Fiscalía aseguró maquinaria pesada, vehículos de carga, remolques, equipo especializado y una embarcación, bienes que quedaron a disposición del Ministerio Público como parte de la investigación. El siguiente paso será determinar científicamente qué se enterró, cuánto tiempo permaneció en el sitio, quién lo llevó, quién permitió su confinamiento y si existe contaminación del suelo, subsuelo o agua.
Por ahora, el predio permanece bajo resguardo y la Fiscalía continúa reuniendo pruebas. Lo que comenzó como una denuncia ciudadana podría terminar destapando uno de los casos más graves de contaminación por disposición irregular de residuos investigados recientemente en Campeche. La gran pregunta queda abierta: ¿quién convirtió este terreno en un cementerio de basura y durante cuánto tiempo se permitió que toneladas de contaminantes fueran enterradas bajo el suelo campechano?
