Por Karina Gómez
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., a 11 de agosto de 2026.- El caso de Yahari Brito y Rosa, quienes permanecen privadas de su libertad tras los hechos relacionados con la marcha del 8M en Campeche, escaló al ámbito nacional luego de que organizaciones y colectivas feministas de distintas partes del país cerraran filas en su respaldo y exigieran que el proceso judicial se conduzca con estricto apego a los derechos humanos.
A través de un pronunciamiento, las organizaciones rechazaron lo que consideran una posible criminalización de la protesta feminista y advirtieron contra cualquier intento de convertir a las detenidas en culpables antes de que exista una sentencia.
Piden investigación con perspectiva de género
El documento cuestiona que la versión oficial de los hechos pueda asumirse como una verdad definitiva, particularmente ante la existencia —según las organizaciones— de material videográfico que podría contradecir algunos elementos de la narrativa utilizada para sustentar las detenciones.
Por ello, exigieron que todos los videos, grabaciones y demás elementos de prueba relacionados con los acontecimientos sean preservados, incorporados a las investigaciones y analizados de manera integral, con el propósito de confrontar las distintas versiones y establecer qué ocurrió realmente.
Las colectivas recordaron que una vinculación a proceso no equivale a una sentencia y que Yahari y Rosa conservan su derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso y a una defensa adecuada.
El pronunciamiento también advierte que, si durante las investigaciones llegaran a acreditarse detenciones ilegales, irregularidades, omisiones, manipulación o fabricación de elementos para incriminar a las detenidas, deberán determinarse responsabilidades y consecuencias para quienes resulten responsables.
Organizaciones advierten sobre una posible criminalización
La exigencia central de las organizaciones es que el caso no sea utilizado como un precedente para inhibir la movilización feminista ni para convertir el ejercicio del derecho a la protesta en motivo de persecución.
Demandaron una investigación imparcial, objetiva y con perspectiva de género, en la que cada prueba sea valorada conforme a derecho y no únicamente a partir de declaraciones o versiones de una de las partes.
El caso ha provocado cuestionamientos de organizaciones feministas sobre la actuación de las autoridades durante y después de la movilización del 8M en Campeche, particularmente por las circunstancias que rodearon las detenciones y el posterior proceso judicial.
Pruebas, no prejuicios
En este contexto, el mensaje de las colectivas es contundente: la exigencia no es impunidad, sino justicia; no es protección para culpables, sino respeto irrestricto al debido proceso.
A esta postura se sumó Ley Sabina Campeche Cam, al considerar que defender la presunción de inocencia, el debido proceso y una investigación objetiva constituye también una defensa de los derechos humanos.
Mientras el proceso continúa, las organizaciones mantienen la presión pública y reclaman que el caso de Yahari y Rosa sea esclarecido con pruebas, no con prejuicios; con justicia, no con criminalización.
