Ciudad de México, a 23 de febrero de 2026.– Tras la escalada de violencia registrada luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría puesto en marcha un esquema de incentivos económicos para atacar a las fuerzas federales, con pagos de hasta 20 mil pesos por cada militar asesinado, según información oficial.
De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla, la instrucción habría sido emitida por Hugo H., alias “El Tuli”, identificado como la mano de recha de Nemecio Oseguera, además de ser el operador logístico y financiero del grupo criminal, quien presuntamente promovió agresiones directas contra personal militar en el marco de los disturbios posteriores a la muerte del líder del CJNG.
Las autoridades señalaron que, desde El Grullo, Jalisco, “El Tuli” coordinó acciones violentas ejecutadas por distintas células del cártel, entre ellas bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, comercios y sucursales bancarias, como parte de una estrategia para generar caos y presionar al Estado mexicano.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el General Trevilla detalló que, tras ubicar el punto de operación del presunto operador criminal, se desplegó un operativo militar. En el sitio, elementos del Ejército repelieron una agresión armada, lo que derivó en la muerte del delincuente, quien portaba 7.2 millones de pesos y 965 mil dólares en efectivo.
Autoridades federales confirmaron que se contabilizaron 85 bloqueos en al menos siete entidades, además de enfrentamientos armados que dejaron elementos de la Guardia Nacional fallecidos y varios heridos. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las vialidades afectadas ya fueron liberadas y que la situación se mantiene bajo control operativo.
Violencia coordinada en varios estados
Los hechos se extendieron a entidades como Jalisco, Michoacán, Veracruz y Zacatecas, donde se reportaron incendios de unidades de carga y vehículos particulares, así como ataques a estaciones de servicio y agresiones contra corporaciones de seguridad y fuerzas armadas.
Estrategia de intimidación
Especialistas en seguridad consultados por medios nacionales advirtieron que este tipo de pagos forman parte de una lógica de “bonos criminales”, utilizada por organizaciones delictivas para intensificar la confrontación, elevar el costo humano y enviar un mensaje de desafío al gobierno federal. Mientras continúan las investigaciones para confirmar el alcance real de la presunta oferta, el Gobierno de México mantiene activo un mando central de coordinación para atender cualquier nuevo brote de violencia.
