Por Staff
Los contratos de arrendamiento vehicular que Jet Van Car Rental obtuvo del Instituto Nacional Electoral (INE) alcanzan montos máximos conjuntos de 864 millones 941 mil pesos, mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó deficiencias en la justificación y el control de las unidades contratadas. El caso cobró relevancia tras el hallazgo de 183 vehículos vinculados con el Instituto en un predio de Mérida, Yucatán.
El primer acuerdo, identificado como INE/010/2023, fue firmado el 30 de mayo de 2023 para arrendar 375 vehículos. Después de dos convenios modificatorios, el contrato llegó a un monto máximo de 334 millones 495 mil pesos y extendió su vigencia hasta junio de 2025. Durante 2024, el organismo electoral pagó 161 millones 208 mil pesos por este servicio.
En la revisión de la Cuenta Pública 2024, la ASF señaló inicialmente que el INE no presentó documentos que acreditaran la necesidad de arrendar las 375 unidades ni los criterios para distribuirlas entre sus áreas. Tras recibir las aclaraciones del Instituto, el órgano fiscalizador consideró justificada la necesidad de 367 vehículos, pero mantuvo observaciones sobre ocho unidades cuya contratación no quedó documentalmente acreditada.
Las observaciones también incluyeron deficiencias en la información para comprobar la propiedad, asignación y supervisión de parte de los vehículos arrendados. Por otra parte, la ASF detectó falta de evidencia sobre la ubicación y el resguardo de unidades contratadas por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), además de solicitar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) revisar las operaciones fiscales correspondientes.
En abril de 2025, el INE adjudicó un segundo contrato a Jet Van mediante la licitación pública LP-INE-013/2025. El acuerdo INE/022/2025 estableció un monto máximo de 530 millones 446 mil 321 pesos para arrendar entre 330 y 404 camionetas destinadas a los Módulos de Atención Ciudadana itinerantes, con compromisos que se extienden hasta 2029. La adjudicación se realizó durante la gestión de Guadalupe Taddei.
En este contexto, el Órgano Interno de Control del INE informó el 30 de octubre que mantenía 18 expedientes de investigación relacionados con contrataciones. Cinco habían derivado en procedimientos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos. Entre las líneas de investigación se encuentran posibles simulaciones de competencia y vínculos entre proveedores, aunque la información publicada no establece que estos expedientes estén relacionados específicamente con Jet Van.
Los antecedentes de la empresa incluyen una inhabilitación impuesta en enero de 2021 por la entonces Secretaría de la Función Pública, acompañada de una multa de un millón 433 mil 874 pesos por incumplir especificaciones técnicas en un contrato de arrendamiento con el Servicio de Protección Federal. La dependencia determinó que 13 vehículos excedían el kilometraje permitido y que al menos uno superaba la antigüedad establecida. Sin embargo, la sanción fue impugnada y anulada en 2025, por lo que Jet Van ya no aparecía como proveedor inhabilitado cuando participó en la licitación del INE de ese año.
A estos contratos se suma una adjudicación directa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), realizada el 27 de mayo de 2026. Mediante el procedimiento CFE-0001-ADSAN-0011-2026, la empresa obtuvo un acuerdo por 473 millones 243 mil 804.52 pesos antes del IVA para arrendar 4 mil 520 vehículos durante 218 días naturales. El contrato contempla camionetas pickup 4×2 y 4×4, sedanes y vans de pasajeros.
El caso de los vehículos del INE tomó relevancia pública luego de que Sol de Yucatán reportara el 2 de noviembre la presencia de 183 unidades en un predio del kilómetro 24 del periférico de Mérida, entre los puentes de Motul y Chichí Suárez. La información se difundió a partir de un video del creador de contenido Adolfo Tolok. El medio estimó en 162 millones 992 mil pesos el costo de arrendamiento correspondiente a esas unidades y reportó una controversia entre el Instituto y Jet Van Car Rental.
