Por Staff
CIUDAD DE MÉXICO, a 25 de junio de 2026.— Un nuevo criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consolidó las facultades de la Profeco para intervenir en conflictos entre escuelas particulares y usuarios, al confirmar que el pago de colegiaturas constituye una relación de consumo sujeta a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El fallo, considerado relevante por su carácter definitivo, elimina cualquier margen de interpretación sobre las competencias de la autoridad, dejando claro que los servicios educativos privados no están fuera del alcance de la vigilancia de la Profeco.
La resolución retoma una línea de criterios y prácticas que datan de 1992, cuando se establecieron obligaciones para los planteles privados en materia de transparencia de costos, trámites y condiciones contractuales, reconociendo a la Profeco como instancia válida de atención a inconformidades.
Desde entonces, la dependencia ha intervenido en casos relacionados con cobros indebidos, cuotas no informadas o requisitos adicionales no establecidos en los contratos, como cursos obligatorios para trámites de titulación.
Caso que marcó precedente
El asunto que dio origen al criterio de la SCJN surgió tras una controversia de más de 10 años de litigio, luego de que una escuela particular impugnara una multa impuesta por no acudir a una audiencia de conciliación ante la Profeco.
El máximo tribunal determinó que al existir una contraprestación económica por educación, se configura una relación de consumo, lo que valida plenamente la intervención de la autoridad.
Con esta resolución, la Profeco mantiene la facultad de verificar que las escuelas privadas informen de manera clara sus costos, tarifas, condiciones de servicio y políticas de cancelación, además de impedir que se condicione la prestación del servicio educativo.
La institución también ha reforzado su coordinación con la SEP, mediante un convenio que permite compartir información en caso de detectar irregularidades administrativas o regulatorias.
¿Qué pueden hacer los usuarios?
La Profeco recomienda a madres, padres y estudiantes comparar opciones, revisar contratos y aclarar todas las condiciones antes de contratar servicios educativos privados.
En caso de irregularidades, la ciudadanía puede presentar denuncias a través del teléfono 55 5568 8722, el 800 468 8722, las redes sociales oficiales o los correos institucionales de atención y denuncia.
