Por Karina Gómez
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., 14 de abril de 2026.— El Congreso del Estado de Campeche aprobó la minuta de reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como el “Plan B”, orientada a reforzar la austeridad en los tres niveles de gobierno y a reconfigurar la estructura de las autoridades locales. La iniciativa avanzó con mayoría legislativa, pese al rechazo de las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), así como a las abstenciones de Movimiento Ciudadano.
Debate por la austeridad
Durante la sesión, el debate evidenció posturas encontradas entre los legisladores. Mientras el oficialismo defendió la necesidad de reducir gastos y eliminar privilegios en el aparato público, la oposición advirtió posibles afectaciones al equilibrio institucional y a la operatividad de los órganos locales.
Entre las voces críticas destacaron los diputados del PRI, encabezados por Jorge Salim Abraham Quijano, mientras que desde la mayoría se respaldó el dictamen con argumentos de disciplina financiera, como lo expuso Antonio Jiménez.
Cambios en ayuntamientos
La reforma plantea una transformación de fondo en la integración de los ayuntamientos, al establecer que deberán conformarse únicamente por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, con el objetivo de evitar estructuras administrativas sobredimensionadas. No obstante, se contempla que los municipios con menor población puedan conservar sus esquemas actuales si estos son inferiores a ese límite.
En materia legislativa, se fijan restricciones claras al gasto público: los congresos locales no podrán ejercer más del 0.7 por ciento del presupuesto estatal, y cualquier incremento anual deberá apegarse estrictamente al índice inflacionario. Asimismo, se establece que los salarios y prestaciones de las autoridades electorales deberán sujetarse a la ley, eliminando beneficios extraordinarios.
Recursos, nepotismo y paridad
Uno de los ejes centrales del proyecto es el destino de los recursos ahorrados. De acuerdo con el dictamen, éstos serán etiquetados para obras de infraestructura y servicios básicos, principalmente agua potable y proyectos de impacto social en comunidades vulnerables.
La reforma también incorpora disposiciones para combatir el nepotismo, al impedir la designación inmediata de familiares en cargos públicos, y refuerza la paridad de género como principio obligatorio en la integración de autoridades. Con esta aprobación, Campeche se suma al paquete de entidades que respaldan el nuevo modelo de austeridad promovido a nivel federal, en medio de un debate nacional sobre el alcance de las reformas y su impacto en la vida institucional del país.
