Por Karina Gómez
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., a 01 de septiembre del 2026.— El fallido operativo realizado el 15 de marzo de 2024 en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén vuelve a sacudir a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC). Más de dos años después de los hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM) emitió una recomendación en la que acreditó violaciones a derechos humanos y ordenó medidas de reparación, investigación y no repetición.
La resolución, derivada del expediente 295/Q-056/2024, documentó 119 inconformidades relacionadas con el operativo y estableció violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, así como a la seguridad personal, por ejercicio indebido de la función pública.
Pero el caso no quedó únicamente en el ámbito administrativo. La CODHECAM también determinó que existieron elementos para acreditar que durante la planeación y ejecución del operativo se puso en peligro a compañeros por imprudencia, descuido, negligencia o abandono del servicio, además de acreditar una violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia institucional.
Uno de los puntos que eleva la gravedad del caso es que la recomendación contempla acciones ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, incluyendo la coadyuvancia en las carpetas C.I./55-2024/FECCECAM y C.I./56-2024/FECCECAM, relacionadas con servidores públicos adscritos a la SPSC.
Además, se contempla colaboración con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para el seguimiento de responsabilidades administrativas. La recomendación también establece medidas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. Entre ellas, que los mandos superiores de la SPSC observen la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza durante la planeación y ejecución de operativos y reciban capacitación en esa materia.
Para el sistema penitenciario, se plantea reforzar la aplicación de protocolos relacionados con traslados, manejo de motines y alerta máxima.
La documentación relacionada con el expediente menciona a diversos servidores públicos de la SPSC, entre ellos Marcela Muñoz Martínez, Antonio Saradán Solís Santiago, Víctor Contreras Ramírez, Yosafat García Villalpando, Alicia Castillo García, José Trejo Briceño, Luis Matos, Melissa García Servín y Rafael Miranda Ortiz.
Sin embargo, la existencia de una investigación o la mención de un servidor público dentro de un expediente no significa que exista una sentencia penal en su contra. Corresponderá al Ministerio Público determinar, de manera individualizada, si existen datos de prueba suficientes para establecer responsabilidades y, en su caso, solicitar ante un juez las medidas que correspondan conforme a derecho.
La CODHECAM reconoció a personas como víctimas de las violaciones acreditadas y contempló medidas de reparación, entre ellas atención médica y psicológica, así como compensaciones relacionadas con tratamientos derivados de las afectaciones.
También ordenó hacer pública la recomendación una vez aceptada, como parte de las acciones encaminadas a la reparación y al esclarecimiento público de los hechos.
El expediente de Kobén entra ahora en una etapa particularmente delicada, a la penal. La CODHECAM ya estableció violaciones a derechos humanos y pidió dar seguimiento a las investigaciones correspondientes. La Fiscalía Anticorrupción tendrá que determinar si los hechos documentados permiten acreditar delitos y responsabilidades individuales.
El verdadero desenlace del caso dependerá de si las investigaciones avanzan hasta sus últimas consecuencias o si, como ha ocurrido en otros expedientes contra servidores públicos, las responsabilidades terminan diluyéndose entre trámites, investigaciones y años de espera.
Kobén dejó de ser solamente un conflicto policial de 2024. Ahora existe una recomendación de derechos humanos, víctimas reconocidas y carpetas de investigación que colocan nuevamente bajo la lupa a los mandos involucrados.
