CIUDAD DE MÉXICO, 8 de abril de 2026.– El Senado de la República dio luz verde al dictamen que crea el Certificado Laboral de Agroexportación, una medida con la que se pretende garantizar derechos laborales, acceso a seguridad social para jornaleros agrícolas y reforzar la competitividad del sector agroexportador mexicano frente a las exigencias de los mercados internacionales.
Como parte de la reforma, se modifica el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para facultar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a emitir certificaciones laborales. Asimismo, se incorpora el artículo 283 Quater a la Ley Federal del Trabajo, con el fin de precisar que la dependencia podrá expedir certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social conforme a las disposiciones de las autoridades competentes.
Buscan que el agro no dependa de la informalidad
La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Geovanna Bañuelos de la Torre, destacó que el dictamen articula una política laboral, comercial y ambiental, con la intención de que el crecimiento del sector agroalimentario no siga desligado del respeto a los derechos humanos de quienes trabajan en el campo. Subrayó que el objetivo es que cada producto mexicano que se exporte también represente una garantía de que fue producido bajo condiciones laborales dignas.
Durante la discusión, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, afirmó que la reforma intenta corregir los rezagos históricos de uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional. Sostuvo que el país debe dejar atrás la falsa disyuntiva entre producir más o proteger mejor, y apostar por un modelo de campo que combine fortaleza comercial, trabajo decente y sostenibilidad ambiental.
Mayoría respalda la reforma
Desde Morena, la senadora Sasil de León Villard sostuvo que la agroexportación no puede sostenerse sobre la explotación laboral ni sobre la degradación ambiental. A este posicionamiento se sumaron legisladoras del PT y Movimiento Ciudadano, quienes defendieron la necesidad de alinear la política comercial del Estado mexicano con estándares modernos de cumplimiento laboral y protección ecológica.
No obstante, desde la oposición también surgieron advertencias. El senador panista Miguel Márquez Márquez consideró que el nuevo esquema puede ser positivo, siempre que no se convierta en una carga burocrática para los productores. En tanto, la priista Mely Romero Celis alertó que exigir certificaciones sin acompañarlas de recursos, apoyos para cuotas patronales y tecnificación del campo podría traducirse en una medida limitada. Aun así, el Senado abrió la puerta a un nuevo modelo en el que el campo mexicano busque competir en el exterior sin dejar atrás a quienes lo sostienen desde la tierra.
