Por Karina Gómez
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp; a 14 de mayo del 2026.- Un operativo derivado de una denuncia ciudadana por fauna silvestre en cautiverio terminó con el descubrimiento de un presunto criadero clandestino de mascotas en condiciones inadecuadas, lo que provocó el aseguramiento de animales, la apertura de una carpeta de investigación y posibles sanciones penales y económicas contra los responsables.
Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) acudieron al inmueble señalado y localizaron diversas especies domésticas, además de un loro cabeza amarilla, especie protegida cuya posesión y comercialización ilegal constituye un delito ambiental federal. Durante la diligencia también detectaron posibles indicios de venta ilegal de mascotas y condiciones deficientes de resguardo animal.
Realizan operativo conjunto
Ante los hallazgos, el vicefiscal de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), Alexandro Brown Gauntus, solicitó la intervención de agentes de la Policía Ministerial y personal de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (SEMABICCE) para continuar con las diligencias correspondientes.
Como parte de la inspección veterinaria, las autoridades revisaron 14 chihuahuas de distintas edades, un perro mestizo, una pitbull de nueve años y dos conejos. Entre los animales localizados había cachorros de apenas tres meses, así como ejemplares adultos de hasta cinco años de edad.
Multas de hasta $700 mil y prisión
La PROFEPA informó que el aseguramiento del loro cabeza amarilla podría derivar en sanciones de entre 75 mil y 700 mil pesos, además de penas de hasta nueve años de prisión por delitos contra la biodiversidad, debido a que se trata de una especie protegida por la legislación ambiental mexicana.
Tras concluir las diligencias, la Fiscalía estatal señaló que encontró elementos suficientes para integrar una carpeta de investigación que será judicializada ante un Juez de Control, quien determinará las responsabilidades legales correspondientes.
Procedimiento sigue abierto
Por su parte, la SEMABICCE aclaró que hasta el momento no se acreditó en flagrancia la venta ilegal de mascotas; sin embargo, el procedimiento administrativo permanecerá abierto para recibir nuevas denuncias o información ciudadana relacionada con posibles actividades ilícitas.
Las autoridades ambientales pusieron a disposición de la ciudadanía el número 981 811 9730, disponible de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, para aportar información adicional sobre el caso.
Asimismo, se programó la esterilización inmediata de todos los perros resguardados, como parte de las acciones de bienestar animal y control responsable.
De acuerdo con el Código Penal, las sanciones por maltrato animal contemplan multas de entre 12 mil y 24 mil pesos, además de penas de seis meses a tres años de prisión, las cuales pueden aumentar en casos considerados agravados por la ley.
