MONTERREY, N.L., 12 de junio de 2026.– La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León acordó iniciar el procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, luego de que la bancada de Morena promoviera una denuncia por presuntos actos de corrupción relacionados con el manejo de recursos públicos.
La solicitud fue presentada el pasado 8 de junio por dirigentes, legisladores y simpatizantes de Morena, quienes acusaron al mandatario estatal de una presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con integrantes de su familia. De acuerdo con los promoventes, diversas investigaciones periodísticas y documentos públicos apuntan a transferencias de recursos que ameritan una revisión formal por parte del Poder Legislativo.
Las acusaciones
Según el expediente turnado al Congreso local, Samuel García es señalado por presuntos actos de corrupción y una supuesta triangulación de recursos públicos a despachos familiares, señalamientos que dieron origen a la petición de juicio político. La Comisión Anticorrupción analizará la procedencia de las acusaciones y determinará si existen elementos suficientes para continuar con el proceso legislativo.
Tras declararse procedente el inicio del procedimiento, el gobernador deberá ser notificado formalmente y contará con un plazo de cinco días hábiles para presentar su defensa. La presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Serrato, informó que el mandatario podrá comparecer directamente ante los legisladores o hacer llegar los argumentos de defensa mediante sus representantes legales.
Enfrentará comparecencia
El proceso contempla que Samuel García pueda responder de manera presencial, mediante un abogado o incluso por escrito, mecanismo previsto dentro del procedimiento legislativo. Posteriormente, la Comisión Anticorrupción podrá abrir una etapa de investigación y diligencias para reunir información relacionada con el caso antes de emitir una resolución.
Si el procedimiento avanza conforme al calendario planteado por los legisladores, el expediente podría llegar al Pleno del Congreso de Nuevo León durante los próximos meses, donde los diputados decidirán si procede o no la declaración correspondiente. En caso de obtener el respaldo necesario, el asunto sería remitido a las instancias judiciales competentes para la valoración jurídica de las acusaciones. Mientras tanto, el gobernador mantiene su derecho a defenderse y presentar las pruebas que considere pertinentes.
