CIUDAD DE MÉXICO, 9 de abril de 2026.— La reforma electoral en México conocida como Plan B, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quedó formalmente validada tras recibir el respaldo de al menos 17 congresos estatales, con lo que se cumple el requisito constitucional para su entrada en vigor.
El proceso de aprobación en las entidades federativas se concretó en cuestión de horas, permitiendo cerrar el ciclo legislativo de una de las iniciativas más debatidas del actual sexenio.
La lista de congresos locales que aprobaron el Plan B electoral incluye a: Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Guerrero, Baja California, Sonora, Sinaloa y Michoacán.
Con este bloque, la reforma alcanzó la mayoría necesaria para su validación constitucional.
Alcances del Plan B electoral
La reforma contempla cambios a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, con énfasis en reconfigurar el aparato electoral, reducir el gasto público y ajustar la operación de las instituciones encargadas de organizar elecciones.
El enfoque central se basa en criterios de austeridad y eficiencia administrativa dentro del sistema electoral mexicano.
El avance del Plan B ha estado marcado por posturas divididas. Mientras el oficialismo sostiene que se trata de una reforma necesaria para optimizar recursos y fortalecer la democracia, la oposición ha advertido sobre posibles afectaciones a la autonomía electoral.
Este contraste se replicó en los congresos estatales, donde las votaciones reflejaron bloques claramente definidos.
Promulgación y efectos en próximos comicios
Con el aval de los estados, la reforma será promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo que permitirá su entrada en vigor en el corto plazo.
Sus efectos comenzarán a observarse en la organización de futuras elecciones, particularmente en la estructura y funcionamiento de los organismos electorales.
En la Península de Yucatán, los congresos de Campeche, Quintana Roo y Yucatán se sumaron a la aprobación del Plan B, contribuyendo a consolidar la mayoría constitucional.
La participación de estas entidades refuerza el peso del sureste en decisiones legislativas de alcance nacional.
