Por Staff
MONTERREY, NL., a 21 de julio de 2026.— La suspensión del servicio de la Ruta 322, una de las pocas que aún permite el pago en efectivo y conecta diversas colonias de San Nicolás de los Garza con el centro de Monterrey, provocó una protesta ciudadana y reavivó los cuestionamientos sobre la política de inspección aplicada por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León.
De acuerdo con operadores de la empresa concesionaria, inspectores del organismo realizaron revisiones a varias unidades, impusieron multas y retiraron dos camiones de circulación. Los transportistas sostienen que estas acciones forman parte de una estrategia para presionar a la empresa a integrarse al sistema de los llamados “camiones verdes”, propuesta que hasta ahora ha rechazado por considerar que modifica su esquema de operación.
La interrupción del servicio dejó sin transporte a miles de usuarios, lo que derivó en una manifestación y el bloqueo de la circulación en las inmediaciones de la base de la ruta.
Los vecinos señalaron que la Ruta 322 representa una opción indispensable para trabajadores, estudiantes y adultos mayores, debido a que inicia operaciones desde la madrugada y continúa aceptando efectivo como forma de pago.
“Nos dicen que hay otras opciones, pero ninguna pasa a la hora que necesitamos. Mucha gente entra a trabajar antes de las seis de la mañana y esta ruta nos resolvía el traslado. No queremos que desaparezca por un conflicto entre autoridades y concesionarios”, expresó Mirna González, habitante de la colonia Jardines del Mezquital.
Entre los operadores también existe preocupación por la frecuencia de los operativos de inspección.
Uno de los conductores, quien solicitó mantener el anonimato, aseguró que las revisiones son constantes y que cualquier irregularidad deriva en sanciones o en el retiro de unidades, lo que, afirmó, genera la percepción de que existe presión para modificar el modelo de operación de la empresa.
¿Qué es lo que pasará?
Ante la suspensión, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad informó que desplegaría unidades del sistema estatal para atender temporalmente la demanda de usuarios. Sin embargo, los manifestantes consideraron insuficiente la medida y exigieron el restablecimiento de la ruta.
El conflicto también volvió a colocar en el centro del debate la política regulatoria impulsada por el gobierno de Samuel García, luego de que organismos empresariales y diversos sectores productivos señalaran en meses recientes un incremento en las inspecciones y procedimientos administrativos relacionados con movilidad y medio ambiente.
Hasta el cierre de esta edición, la Ruta 322 continuaba sin operar con normalidad, mientras autoridades estatales y representantes de la empresa mantenían negociaciones para buscar una solución al conflicto.
