Por Karina Gómez
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., a 04 de septiembre de 2026.— La cita estaba marcada, los acusados llegaron y hasta hubo protesta afuera de los juzgados, pero la justicia volvió a quedarse esperando.
La alcaldesa de Campeche, Biby Karen Rabelo de la Torre; el diputado local Paul Alfredo Arce Ontiveros y el exdirector del SMAPAC, Juan Carlos “L”, acudieron este viernes 4 de septiembre a la Sala de Juicios Orales, donde enfrentan señalamientos relacionados con un presunto desvío de recursos públicos que supera los 32 millones de pesos.
¿El desenlace?
Audiencia pospuesta nuevamente. De acuerdo con información publicada sobre la comparecencia previa, las denuncias fueron presentadas por la entonces Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado —actualmente Secretaría Anticorrupción— y están relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
La escena tuvo todos los ingredientes de un drama político: funcionarios señalados, expedientes, abogados, reclamos y manifestantes. Pero faltó algo fundamental para que la audiencia avanzara: la parte acusadora no se presentó, según la información proporcionada sobre el desarrollo de la diligencia.
Así, el encuentro judicial volvió a quedar en pausa y sin una nueva fecha definida públicamente, prolongando un expediente que ya había tenido un primer tropiezo el pasado 25 de agosto, cuando las defensas solicitaron una prórroga para estudiar las carpetas de investigación.
Mientras tanto, los señalamientos continúan siendo presuntos y corresponderá a la autoridad judicial determinar responsabilidades conforme avance el proceso.
Salen a manifestarse
Mientras dentro de los tribunales se esperaba que avanzara el procedimiento, afuera apareció otro capítulo. Un grupo de manifestantes llegó para protestar contra Rabelo y otros funcionarios. La peculiaridad fue que algunos participantes acudieron con el rostro cubierto y portando pancartas con consignas e insultos.
La presencia de personas encapuchadas levantó cuestionamientos sobre el origen y propósito de la movilización, particularmente porque el caso se desarrolla en un ambiente político cada vez más caliente de cara a la elección estatal de 2027.
Pero hay que decirlo con todas sus letras: la apariencia de una protesta no permite por sí sola determinar quién la organizó, quién la financió o si tiene una motivación partidista. Eso tendría que acreditarse con pruebas.
El caso no ocurre en el vacío. En agosto pasado, Rabelo y Arce Ontiveros comparecieron ante un juez de control por una denuncia relacionada con presuntos desvíos por 32 millones de pesos. En aquella ocasión, la defensa pidió tiempo para analizar los expedientes.
Rabelo, además, ha sostenido públicamente que detrás de las denuncias podrían existir motivaciones políticas, particularmente por la cercanía del proceso electoral.
El expediente
Y el expediente político-electoral de la alcaldesa ya tiene antecedentes: en abril de 2026, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral confirmó una resolución que acreditó la vulneración de los principios de imparcialidad y equidad, así como el uso indebido de recursos públicos en su vertiente de investidura y canales institucionales, derivado de un procedimiento electoral iniciado por su participación en un evento de Movimiento Ciudadano.
Entre expedientes que van y vienen, audiencias diferidas y protestas que elevan la temperatura política, el caso vuelve a quedar en pausa.
Los señalamientos por los presuntos 32 millones de pesos tendrán que resolverse en tribunales y no en las calles, mientras que cualquier acusación sobre una supuesta operación política deberá demostrarse con elementos objetivos.
Por lo pronto, la postal de este viernes queda para la memoria: los acusados llegaron, los manifestantes también… pero la justicia tendrá que esperar otra cita.
Y en Campeche, donde el reloj electoral rumbo a 2027 ya comenzó a correr, cada audiencia suspendida alimenta más preguntas que respuestas.
