Por Karina Gómez
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., a 10 de septiembre de 2026.— La actuación de elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) quedó bajo la lupa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), luego de que el organismo emitiera medidas cautelares en favor del comunicador Joel Ynurreta, tras una denuncia relacionada con presuntos actos de molestia y hostigamiento reiterado.
La intervención de la Codhecam coloca en el centro del debate la protección de los derechos humanos y las garantías necesarias para que periodistas y comunicadores puedan desarrollar su labor sin intimidaciones, restricciones o actos que puedan poner en riesgo su integridad.
De acuerdo con la información disponible, las medidas cautelares tienen como propósito prevenir posibles afectaciones y garantizar la protección del comunicador mientras se esclarecen los hechos denunciados, particularmente aquellos que habrían sido protagonizados por agentes adscritos a la corporación estatal.
Actuación policial bajo la lupa
El caso adquiere relevancia debido a que cualquier señalamiento de hostigamiento o abuso de autoridad contra un integrante del gremio periodístico no solamente involucra los derechos de la persona afectada, sino que también puede representar una amenaza al libre ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo.
Hasta el momento, no existe un pronunciamiento público detallado de la SPSC respecto a los hechos que originaron la intervención de la Codhecam, por lo que tampoco se ha establecido públicamente la versión de la corporación sobre las actuaciones que se atribuyen a sus elementos.
Asimismo, permanece pendiente conocer de manera oficial cuáles serán las acciones concretas que adoptará la dependencia estatal para atender las medidas cautelares emitidas por el organismo defensor de los derechos humanos, así como si ya fue formalmente notificada y cuál será su postura institucional.
¿Qué implica la medida cautelar?
La medida cautelar, por sí misma, no determina responsabilidad administrativa, civil o penal de los agentes señalados, pero sí representa un llamado de atención para que las autoridades correspondientes adopten acciones preventivas y permitan que la investigación de los hechos se desarrolle con apego a la legalidad.
El caso abre nuevamente la discusión sobre los límites de la actuación policial frente a quienes ejercen el periodismo y sobre la obligación de las instituciones de seguridad de actuar bajo principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y protección a la libertad de expresión.
Ahora corresponderá a las autoridades involucradas aclarar lo ocurrido, garantizar el cumplimiento de las medidas dictadas y determinar, conforme a las investigaciones correspondientes, si existieron conductas que pudieran constituir una vulneración a los derechos del comunicador.
