Por Staff:
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, a 5 de octubre de 2026.— El exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, cumplió este lunes su sentencia de 5 años y 3 meses de prisión por el delito de tortura cometido en agravio del hermano de Israel Vallarta, un sobrino y dos personas más vinculadas al caso de la banda “Los Zodiaco”. Sin embargo, a pesar de dar por compurgada dicha pena, el exfuncionario no quedará en libertad debido a que mantiene abierto un segundo proceso penal por su presunta vinculación en el operativo “Rápido y Furioso”.
Sentencia por tortura y reclamos legales
De acuerdo con Mary Sainz, esposa de Israel Vallarta y activista, la salida de Cárdenas Palomino estaba prevista técnicamente para este lunes 5 de octubre tras haberse acreditado que autorizó a sus mandos infligir dolores y sufrimientos físicos y psicológicos a los detenidos en agosto de 2025. Ante esto, la defensa de los afectados ha mostrado su inconformidad y cuestionado la actuación de las instancias judiciales por la resolución del caso.
Cárdenas Palomino, quien fuera una de las manos derechas de Genaro García Luna durante el operativo de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) en el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta, se encontraba recluido desde 2021 en el penal federal “El Altiplano” y recientemente fue trasladado al Ceferepsi en Morelos.
El proceso pendiente por el caso Rápido y Furioso
Pese a concluir su condena por tortura, el excomisario enfrenta un proceso judicial activo derivado del operativo “Rápido y Furioso”, realizado entre 2009 y 2011 durante la administración estadounidense de Barack Obama. En este expediente, se le señala como presunto responsable del delito de omisión para impedir la introducción ilegal de armas exclusivas del Ejército al país, las cuales presuntamente contaban con un sistema de rastreo que falló, terminando en poder de los cárteles de la droga. Aunque una jueza de Sonora le había dictado auto de libertad por falta de elementos en 2024, un Tribunal de Apelaciones revocó la decisión en junio de 2025 y ordenó su reaprehensión, negándole posteriormente un amparo para evitar la formal prisión.
