CIUDAD DE MÉXICO, a 15 de septiembre de 2026.— Detrás de los bosques, selvas y manglares de México no sólo existe una enorme riqueza natural. Cerca de 11.9 millones de personas viven en más de 103 mil localidades ubicadas en territorios forestales, donde la deforestación, los incendios y la tala ilegal representan una presión constante.
Con ese escenario de fondo, México formalizó una estrategia que reúne 10 acciones dirigidas a conservar y restaurar sus ecosistemas forestales, al tiempo que busca hacer compatible su aprovechamiento con las actividades económicas de las comunidades.
El Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares fue publicado este 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, después de que Semarnat y Conafor lo firmaran el 4 de septiembre en Guadalajara junto con representantes de comunidades y del sector privado.
La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, encabezó aquella presentación acompañada por el director general de la Conafor, Sergio Graf Montero. Jalisco fue la primera entidad en adherirse formalmente al acuerdo.
La superficie involucrada es considerable. México posee 138.7 millones de hectáreas de ecosistemas forestales, alrededor del 71 por ciento de su territorio.
Comunidades, pieza central de la estrategia
Una parte importante de estos ecosistemas está dentro de 16 mil 953 ejidos, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, por lo que su participación será fundamental para que las medidas puedan aplicarse directamente en los territorios.
Entre las 10 directrices se encuentra el fortalecimiento de la silvicultura comunitaria y de las empresas forestales encabezadas por mujeres, además del impulso a cadenas de valor que permitan obtener beneficios económicos del bosque sin destruirlo.
Otro punto busca que las actividades agrícolas y ganaderas avancen hacia modelos libres de deforestación. La intención es disminuir la pérdida de vegetación asociada a la expansión productiva.
Los incendios forestales también forman parte de la estrategia. El documento plantea fortalecer el manejo del fuego y reducir aquellos siniestros relacionados con prácticas agropecuarias.
Para los manglares se establece una línea específica de conservación y restauración, mientras que para enfrentar la tala ilegal se pretende fortalecer la venta y circulación de productos forestales cuya procedencia pueda acreditarse legalmente.
El acuerdo incluye además programas de pago por servicios ambientales para respaldar la conservación de zonas que contribuyen al abastecimiento de agua y a la protección de la biodiversidad.
Ejidos, comunidades y pequeños propietarios también podrían enfrentar menos trámites, ya que una de las directrices plantea modernizar y simplificar los procedimientos relacionados con el aprovechamiento forestal sustentable.
Semarnat y Conafor deberán ahora promover convenios con gobiernos locales y otros sectores. Esos instrumentos serán los que determinen cuánto aporta cada participante, qué responsabilidades asume y de qué manera se evaluarán los avances.
La diferencia entre un acuerdo publicado y una transformación real de los bosques dependerá, finalmente, de que esas directrices se conviertan en acciones medibles frente a la deforestación, los incendios, la pérdida de manglares y la tala ilegal.
