CIUDAD DE MÉXICO, a 8 de abril de 2026.— A meses del accidente en la línea Z del Tren Interoceánico, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que 145 personas afectadas ya recibieron reparación integral del daño, como parte del proceso de atención a víctimas.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy, señaló que este resultado se logró mediante acuerdos reparatorios alcanzados a través de mecanismos de justicia alternativa, con el acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Entre las personas beneficiadas se encuentran 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes, quienes accedieron a medidas de compensación tras el percance que dejó 14 personas fallecidas y otras lesionadas.
Así se determinó la causa del siniestro
De acuerdo con la FGR, la investigación concluyó que el accidente se debió al exceso de velocidad del tren, una determinación sustentada en peritajes técnicos, análisis de registros operativos y el cálculo del tiempo de recorrido.
La Fiscalía explicó que, debido al peso, la masa y el radio de curva del tren, el exceso de velocidad incrementó la fuerza centrífuga, lo que provocó el descarrilamiento.
Asimismo, se acreditó la probable responsabilidad del maquinista, así como omisiones del conductor y del jefe de despacho, por lo que se integraron cuatro carpetas de investigación por homicidio y lesiones culposas. Como parte del proceso, se obtuvieron órdenes de aprehensión y autos de vinculación a proceso.
En las diligencias participaron ministerios públicos, peritos y policías ministeriales, con la elaboración de 230 dictámenes en diversas especialidades y la intervención de más de 300 servidores públicos.
Las autoridades también revisaron las condiciones de la infraestructura ferroviaria y del material rodante, confirmando que la vía, durmientes, fijaciones, balasto, locomotoras y vagones cumplían con la normatividad, por lo que se descartaron fallas estructurales.
De igual forma, se analizaron auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y expedientes de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sin que se detectaran elementos para proceder por delitos relacionados con contratos o uso indebido de funciones.
La FGR precisó que los acuerdos reparatorios permitieron a las personas agraviadas acceder a una solución más ágil, lo que derivó en la extinción de la acción penal en los casos correspondientes.
Finalmente, la institución indicó que el informe conclusivo de la investigación ya se encuentra disponible para consulta pública, como parte de su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y la atención a las víctimas.
