Por Staff
Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2025.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, a revisar y aclarar el proceso de licitación para la entrega de vales electrónicos de despensa a trabajadores federales, luego de que surgieran señalamientos por posibles irregularidades y retrasos en su distribución.
Durante su conferencia matutina, la mandataria confirmó que el gobierno federal ha recibido alertas sobre demoras en la entrega de esta prestación, lo que ha generado inconformidad entre los beneficiarios.
La licitación, identificada con el número LA-06-400-006400001-N-19-2025, se llevó a cabo bajo un nuevo esquema de oferta única, luego de que se eliminara el mecanismo de subasta inversa. El contrato fue adjudicado a la empresa Servicios Broxel, que ofreció una bonificación total de 5.76%, resultado de la suma del descuento de referencia del 2.75%, establecido por la Secretaría de Hacienda, y un 3.01% adicional propuesto por la compañía.
De acuerdo con estimaciones oficiales, este modelo representaría un ahorro cercano a 600 millones de pesos para el erario. No obstante, durante la conferencia se reveló que Broxel habría manifestado que la bonificación total contemplada en el fallo no es viable bajo su esquema de negocio, por lo que solo estaría en condiciones de aplicar el descuento del 3.01%.
Esta postura ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento de las bases originales de la licitación, así como sobre la legalidad de modificar las condiciones una vez emitido el fallo.
Es por ello que la mandataria pidió a la dependencia, o en su caso a la Subsecretaría de Egresos, un informe para dar a conocer cuál es el estado que guarda dicha revisión.
El contrato, cuyo monto asciende hasta 10 mil 300 millones de pesos, forma parte de la compra consolidada de vales de despensa destinada a cerca de 700 mil trabajadores de 224 dependencias federales.
Esto ha generado retrasos en la dispersión de 724 mil tarjetas en más de 2,200 puntos del país, así como dudas en el cumplimiento de las condiciones económicas previstas en el fallo.
