Por Staff
WASHINGTON, D.C., a 28 de septiembre de 2026.- Un informe de Amnistía Internacional documentó presuntas violaciones de derechos humanos durante las operaciones de control migratorio desplegadas por agencias federales de Estados Unidos en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington, D.C., y planteó como respuesta la disolución del ICE.
La investigación bajo el título “Teníamos silbatos, ellos tenían armas”, examina las actuaciones de ICE, CBP y otras agencias federales durante operativos de gran escala. De acuerdo con la organización, las acciones afectaron no solo a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, sino también a integrantes de comunidades locales y personas que participaron en protestas contra las operaciones.
Entre los casos documentados por Amnistía aparecen detenciones que califica de arbitrarias y discriminatorias, hostigamiento, intimidación, trato degradante y uso injustificado de la fuerza. También reporta posibles violaciones relacionadas con vigilancia, reconocimiento facial, condiciones de reclusión y garantías procesales.
La organización afirmó además haber documentado situaciones en las que agentes federales utilizaron fuerza letal, algunos de cuyos casos, según su análisis, deberían ser investigados como posibles ejecuciones extrajudiciales. Estas son conclusiones y solicitudes formuladas por Amnistía Internacional a partir de su propia investigación.
¿Qué hay detrás de las redadas?
Para elaborar el informe, el equipo de investigación entrevistó a 154 personas en los cuatro sitios estudiados. La organización también documentó la respuesta de comunidades que crearon redes de ayuda mutua, observación y acompañamiento, así como protestas contra las operaciones migratorias.
Nadia Daar, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos, afirmó que los abusos registrados reflejan un patrón que, según la organización, requiere una transformación del sistema migratorio. Por su parte, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, cuestionó las prácticas que la organización identifica como perfiles raciales, detenciones arbitrarias y separación familiar.
A partir de sus conclusiones, Amnistía Internacional pidió abolir el ICE y construir un nuevo sistema de control migratorio basado en los derechos humanos y la rendición de cuentas. El organismo sostiene que las prácticas documentadas en las cuatro ciudades no deben considerarse episodios aislados, sino parte de un fenómeno de alcance nacional.
