WASHINGTON, EU, a 5 de septiembre de 2026.— La protección federal del lobo gris y el lobo mexicano entró en una etapa decisiva, después de que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva orientada a ampliar las herramientas de los ganaderos para defender sus rebaños. La disposición contempla facilitar, bajo determinadas condiciones, el control letal de ejemplares que representen una amenaza para las personas o los animales domésticos.
La instrucción presidencial no elimina de inmediato las restricciones ni concede permiso general para disparar contra los lobos. Mientras las autoridades completan la revisión, ambas especies conservarán las salvaguardas que les correspondan bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción, por lo que matarlas sin autorización puede constituir un delito federal.
Interior deberá presentar una evaluación
El secretario del Interior, Doug Burgum, tendrá 90 días para establecer si el lobo gris y el lobo mexicano alcanzaron las metas de recuperación necesarias para cambiar su clasificación. Si la evaluación resulta favorable, la dependencia comenzará el proceso para retirar o disminuir su nivel de protección, según establece la orden titulada Supporting America’s Ranchers.
El mandato también pide elaborar una propuesta legislativa sobre ambas especies, revisar los requisitos para autorizar acciones letales y dialogar con los gobiernos estatales sobre sus normas de conservación. Además, las secretarías del Interior y de Agricultura deberán estudiar cambios en los mecanismos de indemnización para resolver con mayor rapidez las reclamaciones por ataques al ganado.
Pérdidas económicas dividen opiniones
Los productores rurales sostienen que la presencia de lobos genera daños millonarios, debido a la muerte de becerros, la desaparición de animales y la reducción de peso del ganado sometido a situaciones de estrés. En Sierra Valley, California, una investigación calculó pérdidas relacionadas con la depredación de entre 533 mil y 1.7 millones de dólares en 2025, sin incluir todos los recursos destinados por las autoridades al control del conflicto.
Para los grupos conservacionistas, la orden pone en riesgo décadas de trabajo, especialmente porque la población silvestre del lobo mexicano ronda los 317 ejemplares y conserva una limitada diversidad genética. Las organizaciones ambientales exigen que la decisión dependa de evidencia científica y no de presión política; también advierten que podrían acudir a los tribunales si el gobierno reduce las protecciones sin acreditar la recuperación de la especie.
