CIUDAD DE MÉXICO, 29 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso en marcha el proceso de consulta para la elaboración de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, al firmar la convocatoria que permitirá recoger las opiniones de 16 mil 728 comunidades pertenecientes a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano. La propuesta busca consolidar un marco jurídico que garantice plenamente sus derechos colectivos e individuales antes de ser enviada al Congreso de la Unión.
Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó este proceso como “un ejercicio único en la historia de México”, al señalar que permitirá construir una legislación con la participación directa de las comunidades. “Es un reconocimiento de lo que significa para México reconocer la grandeza cultural de México, que viene de hace miles de años”, expresó al anunciar que la iniciativa será sometida al diálogo antes de su presentación formal el próximo 12 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día de la Nación Pluricultural.
Reconocimiento a los pueblos originarios
Sheinbaum sostuvo que el nuevo orden jurídico representa un cambio de fondo en la relación del Estado con los pueblos originarios. “Por primera vez en la historia del México independiente hay un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos”, afirmó. Agregó que este reconocimiento incorpora la garantía de los derechos colectivos e individuales y combate la discriminación, al tiempo que fortalece el principio del Humanismo Mexicano, el cual reconoce el legado de las civilizaciones originarias como parte esencial de la identidad nacional.
La ley contempla autonomía y protección de derechos
El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, explicó que la propuesta legislativa reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que permitirá ejercer plenamente su libre determinación y autonomía. Además, el proyecto incorpora disposiciones sobre restitución de tierras, propiedad intelectual colectiva, consulta libre, previa e informada, derechos de mujeres, niñas, niños y jóvenes, inclusión de personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad, así como mecanismos para sancionar violaciones a sus derechos mediante un juicio de amparo especializado.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, informó que la consulta comenzará con la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Posteriormente, hasta el 6 de agosto se difundirá el contenido de la iniciativa; del 7 de agosto al 13 de septiembre se realizarán 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo; entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre se integrarán las propuestas recibidas, y el 12 de octubre el proyecto será presentado al Congreso. Además, el documento será traducido a las 68 lenguas indígenas del país para garantizar una participación informada.
