Por Karina Gómez
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., a 12 de agosto de 2026.— La detención de un exintegrante del círculo cercano de Alejandro Moreno Cárdenas volvió a colocar bajo los reflectores los expedientes de la administración estatal 2015-2019, justo cuando en el Congreso de Campeche se desarrollaban las comparecencias correspondientes al Quinto Informe de Gobierno.
Carlos Alberto “M”, identificado como extitular de la Unidad de Comunicación Social durante el gobierno de Moreno Cárdenas, fue detenido el martes 11 de agosto mediante una orden de aprehensión, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso. La investigación estaría relacionada con un presunto desvío de recursos públicos y el delito de peculado.
Tras su captura, fue trasladado al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, donde permanecería a disposición de la autoridad judicial, en espera de que se desarrolle la audiencia inicial.
El expediente habría sido integrado por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM), en una investigación relacionada con el manejo de recursos durante la administración estatal encabezada por Moreno Cárdenas.
La detención llega en plena jornada de comparecencias
La noticia de la detención provocó reacciones políticas dentro del Congreso local, donde legisladores llamaron a evitar que el proceso se convierta en un asunto de persecución política.
El diputado Pedro Armentía López se pronunció por que se respeten las garantías procesales del exfuncionario y advirtió sobre la necesidad de que ninguna persona sea violentada durante el procedimiento.
En la misma jornada, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso, Antonio Jiménez Gutiérrez, fijó un posicionamiento durante las comparecencias y llamó a mantener a las instituciones al margen de intereses partidistas.
“Las virtudes esenciales de la democracia no deben ser utilizadas con fines políticos”, sostuvo Jiménez, quien también rechazó que las diferencias políticas se conviertan en persecuciones desde las instituciones.
El mensaje adquiere especial relevancia ante la coincidencia temporal entre la detención y las comparecencias de funcionarios estatales, en una jornada marcada por acusaciones cruzadas entre oposición y oficialismo.
El caso se suma a los expedientes de la era “Alito”
La detención ocurre además en un contexto en el que Alejandro Moreno enfrenta desde hace años investigaciones relacionadas con su gestión como gobernador de Campeche.
De acuerdo con información publicada recientemente, la Fiscalía Anticorrupción de Campeche presentó en 2025 una nueva solicitud de declaratoria de procedencia contra Moreno por presunto peculado y uso indebido de atribuciones, relacionada con un monto de alrededor de 83.5 millones de pesos. El procedimiento permanece sujeto a las determinaciones de la Cámara de Diputados.
La cifra forma parte de un expediente distinto y no debe confundirse con el monto específico que pudiera atribuirse al exfuncionario detenido, pues hasta ahora no se ha localizado una fuente oficial pública que precise el supuesto daño patrimonial correspondiente a Carlos Alberto “M”.
También existe un antecedente relevante: en abril de 2025 fue reportada la detención de otro exfuncionario de Comunicación Social vinculado a la administración de Moreno Cárdenas, identificado en publicaciones periodísticas como Walter “N”, por presunto peculado y abuso de atribuciones.
Justicia o disputa política, el debate sigue abierto
El caso vuelve a colocar sobre la mesa una vieja disputa política en Campeche: por un lado, la exigencia de investigar y sancionar cualquier posible acto de corrupción cometido con recursos públicos; por el otro, el reclamo de que las instituciones encargadas de procurar justicia actúen con autonomía, imparcialidad y respeto irrestricto al debido proceso.
La detención, por sí misma, no implica una sentencia de culpabilidad. Será la autoridad judicial la que determine la situación jurídica del imputado y, en su caso, la responsabilidad penal que pudiera acreditarse.
Mientras tanto, el episodio abre un nuevo frente político en el Congreso campechano y revive los cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos durante administraciones anteriores.
La jornada dejó así una imagen políticamente contundente: mientras funcionarios estatales rendían cuentas ante el Poder Legislativo, un exintegrante del aparato de comunicación de uno de los gobernadores más polémicos de Campeche ingresaba al sistema penitenciario estatal para enfrentar una investigación por presunto peculado.
En Campeche, la disputa política volvió a encontrarse con los expedientes de corrupción. Ahora corresponderá a los tribunales determinar si detrás de la acusación existen pruebas suficientes o si, como advierten legisladores, el caso termina convertido en otro capítulo de la confrontación política estatal.
