Por Karina Gómez
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., a 22 de septiembre de 2026.— Campeche mantiene su imagen como uno de los estados más seguros del país, pero el propio Gobierno estatal reconoce presión de pequeñas células vinculadas al narcomenudeo, disputas relacionadas con drogas, presencia de prestamistas colombianos y el llamado “efecto cucaracha” derivado del desplazamiento del crimen organizado desde otras regiones.
El secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, aseguró que estas células han intentado acercarse a la entidad, pero sostuvo que “no han logrado ni lo van a lograr” infiltrarse. La declaración ocurre en medio de recientes episodios de violencia, entre ellos la ejecución de una pareja en Isla Aguada, municipio de Carmen.
El funcionario defendió una estrategia basada en investigación, inteligencia, análisis y seguimiento, por encima de una respuesta centrada únicamente en la confrontación armada. “Una ciudad segura no es aquella que tiene más policías”, afirmó, al señalar que la seguridad también requiere atender problemas sociales y fortalecer la participación ciudadana.
Sarmiento explicó que el endurecimiento de los operativos contra el narcotráfico y el cierre de rutas internacionales pueden provocar que algunas células busquen nuevos territorios para operar. Ese desplazamiento es conocido como “efecto cucaracha”, fenómeno que, aseguró, ya ha sido detectado en intentos de acercamiento hacia Campeche, aunque sin lograr establecerse.
Otro foco de atención es la operación de prestamistas colombianos mediante el esquema “gota a gota”, dirigido principalmente a personas que requieren pequeñas cantidades de dinero y que puede convertirse en una forma de presión económica. El secretario vinculó este fenómeno con sectores vulnerables y señaló que debe enfrentarse desde la seguridad, pero también mediante políticas sociales.
El reto para Campeche, dijo, es mantener la seguridad y evitar que las expresiones delictivas echen raíces en el estado. La estrategia oficial apuesta por la inteligencia y la coordinación institucional para contener el narcomenudeo y el desplazamiento de células criminales, en una entidad donde preservar la seguridad también resulta clave para el turismo, la inversión, el empleo y su imagen nacional e internacional.
