Por Staff
CIUDAD DE MÉXICO, a 07 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este miércoles el decreto de reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes busquen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La disposición comenzará a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028.
Durante su conferencia matutina, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, informó que el decreto será publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), después de que la reforma obtuvo la aprobación de las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso de la Unión y fue ratificada por 22 legislaturas estatales.
Así se modifica la Constitución
La modificación a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución establece que quienes aspiren a estos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento y no contar con otra nacionalidad al momento de solicitar su registro como candidatos. Quienes tengan una segunda nacionalidad deberán renunciar a ella previamente para poder registrarse ante las autoridades electorales.
La reforma también contempla restricciones durante el ejercicio del cargo. Quienes ocupen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar un pasaporte extranjero, ejercer derechos políticos vinculados con otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de otro Estado.
El cambio no elimina la doble nacionalidad para los mexicanos en general. Se trata de un requisito específico para determinados cargos ejecutivos y su aplicación será a partir de 2028, por lo que no afectará el proceso electoral federal de 2027. El procedimiento para acreditar la renuncia a otra nacionalidad deberá precisarse en las adecuaciones a las leyes secundarias.
La iniciativa había sido presentada por Sheinbaum en agosto pasado con el argumento de que quienes ocupen los principales cargos de representación del Estado mexicano deben tener únicamente la nacionalidad mexicana. Con la firma presidencial concluye el proceso constitucional de la reforma y queda pendiente su implementación normativa para los próximos procesos electorales.
