Por Karina Gómez
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., a 4 de agosto del 2026.- La escena volvió a repetirse. Sellos de clausura, maquinaria inmóvil y trabajadores observando cómo, una vez más, el proyecto habitacional de “Los Tamarindos” quedó detenido. Lo que debía representar el avance de un programa de vivienda social terminó convertido en otro capítulo de la disputa política que enfrenta al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Campeche.
Desde temprana hora, la suspensión de la obra encendió las reacciones. La directora general de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI), Elvira de la Peña, lamentó la decisión y aseguró que la medida representa un nuevo obstáculo para cientos de familias que esperan acceder a una vivienda mediante el programa Viviendas del Bienestar.
Según la funcionaria, cada jornada perdida significa retrasar el sueño de quienes buscan un patrimonio propio y, al mismo tiempo, detener la fuente de ingresos de decenas de trabajadores vinculados a la construcción.
La inconformidad también fue respaldada por el secretario de Bienestar, Esteban Hinojosa Rebolledo, quien hizo un llamado público al Ayuntamiento para no obstaculizar un proyecto que contempla más de 300 viviendas. El funcionario sostuvo que la clausura afecta directamente a las familias beneficiarias y a los obreros que dependen de la obra, además de cuestionar otros servicios municipales y pedir transparencia sobre diversos señalamientos relacionados con el manejo de residuos.
El Ayuntamiento defiende la clausura
Sin embargo, la respuesta municipal no tardó en llegar, la directora de Proximidad y Protección Civil de la Alcaldía de Campeche, Guadalupe Rodríguez Chávez, explicó que la clausura preventiva no está dirigida contra el Gobierno Federal ni contra el programa de Viviendas del Bienestar, sino contra la empresa constructora privada encargada del desarrollo, al detectar presuntas irregularidades e incumplimientos a la normativa municipal en materia de construcción y seguridad.
La funcionaria sostuvo que el Ayuntamiento tiene la obligación constitucional de supervisar que cualquier obra ejecutada dentro del municipio cumpla con los requisitos legales antes de continuar.
Así, mientras una parte sostiene que la medida frena un programa social prioritario y perjudica a cientos de campechanos, la otra afirma que hacer cumplir la ley no puede interpretarse como un bloqueo político.
El resultado inmediato es evidente: maquinaria detenida, trabajadores en espera y familias que observan cómo su proyecto habitacional permanece nuevamente en pausa.
En medio de acusaciones cruzadas, la controversia dejó de centrarse únicamente en una construcción para convertirse en un símbolo del permanente enfrentamiento institucional entre los distintos niveles de gobierno, donde los discursos avanzan con mayor rapidez que los bloques de concreto.
Hasta el momento de esta publicación, el Ayuntamiento de Campeche sostiene que la clausura responde exclusivamente al cumplimiento de la normativa municipal, mientras que autoridades estatales mantienen que la suspensión afecta el desarrollo del programa Viviendas del Bienestar y a sus beneficiarios.
