Por Karina Gómez
HOPELCHÉN, Camp., a 10 de julio del 2026.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), analizará un caso sin precedentes impulsado por comunidades mayas de Hopelchén que buscan que las abejas sean reconocidas legalmente como sujetos de derechos, una figura jurídica que permitiría acudir a los tribunales para exigir acciones concretas en favor de su protección y conservación.
El asunto, atraído por el máximo tribunal del país, representa uno de los litigios ambientales más relevantes de los últimos años, al plantear si la naturaleza y especies fundamentales para el equilibrio ecológico pueden contar con protección jurídica propia, más allá de ser consideradas únicamente recursos naturales.
De prosperar el amparo, apicultores y guardianes de las colmenas tendrían mayores herramientas legales para reclamar la intervención de las autoridades frente a actividades que provoquen la muerte masiva de abejas, la contaminación por agroquímicos o la degradación de su hábitat.
El caso tiene como antecedente una larga lucha jurídica de las comunidades mayas de Hopelchén, reconocidas por la SCJN en diversos litigios relacionados con la protección de su territorio, la apicultura y el derecho a la consulta previa frente a proyectos que pudieran afectar su forma de vida, como ocurrió con los permisos para la siembra de soya transgénica.

Las abejas, pieza clave para la seguridad alimentaria
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cerca del 75 por ciento de los cultivos destinados al consumo humano dependen, al menos en parte, de la polinización, mientras que alrededor del 35 por ciento de la producción agrícola mundial requiere la acción de polinizadores como las abejas, lo que convierte su conservación en un asunto de seguridad alimentaria y biodiversidad.
México figura entre los principales productores de miel del mundo y la Península de Yucatán, integrada por Campeche, Yucatán y Quintana Roo, concentra una de las regiones apícolas más importantes del país, donde miles de familias mayas dependen económicamente de esta actividad.
Especialistas han advertido que la deforestación, el uso intensivo de plaguicidas, la expansión agrícola y el cambio climático representan las principales amenazas para las poblaciones de abejas en la región.
La resolución que emita la SCJN podría marcar un precedente de alcance nacional al fortalecer el reconocimiento de los derechos de la naturaleza dentro del sistema jurídico mexicano y consolidar nuevos criterios para la defensa judicial del medio ambiente, la biodiversidad y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.













