Por Staff:
BRUSELAS, BÉLGICA, a 17 de septiembre de 2026.— La Comisión Europea anunció planes oficiales para restringir el acceso a las plataformas de redes sociales a los menores de 15 años en todos sus Estados miembros, con el objetivo de mejorar el bienestar digital y garantizar la seguridad en línea. La legislación propuesta, denominada EU Kids Act, contempla un enfoque gradual que incluye la prohibición total de su uso para los menores de 13 años.
De acuerdo con los lineamientos presentados por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los adolescentes de entre 13 y 15 años únicamente podrán acceder a las plataformas durante un límite de una hora diaria a través de “minicuentas” gestionadas mediante el perfil de sus padres o tutores. Solo los usuarios mayores de 15 años podrán crear y administrar sus propias cuentas de manera independiente.
Medidas estrictas y sanciones para las tecnológicas
Las restricciones contempladas en la normativa no se limitarán a aplicaciones populares como TikTok, Instagram y Snapchat, sino que también abarcarán plataformas de video como YouTube, además de servicios de inteligencia artificial conversacional (chatbots) y videojuegos en línea.
El marco normativo exigirá a las empresas tecnológicas demostrar que sus plataformas son seguras por diseño para cualquier usuario menor de 18 años, prohibiendo explícitamente características adictivas o abusivas. En caso de incumplimiento, las compañías se exponen a multas severas de hasta el 6% de sus ventas globales. Asimismo, la verificación de edad de los usuarios se realizaría mediante una aplicación oficial de la UE sin comprometer datos personales.
Panorama político y debates futuros
El plan de la Unión Europea busca unificar las normativas del bloque y sustituir iniciativas nacionales individuales, como las impulsadas previamente en países como Francia y España. No obstante, la propuesta deberá ser debatida y aprobada por los Estados miembros y el Parlamento Europeo, enfrentando un camino complejo ante las dudas sobre su implementación y las posibles objeciones en materia de libertad de expresión y privacidad.
