Por Karina Gómez
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., a 25 de marzo de 2026.— La crisis económica en Ciudad del Carmen escaló al Congreso del Estado. Empresarios del sector productivo llevaron su protesta directamente a la Sexagésima Quinta Legislatura, donde denunciaron una situación límite marcada por adeudos, falta de apoyos y una creciente incertidumbre que ya golpea a empresas, trabajadores y familias enteras.
El reclamo fue respaldado por el diputado de Movimiento Ciudadano, Pedro Armentía López, quien advirtió que el problema ya no es solo financiero, sino estructural, al acusar un “abandono total” por parte de las autoridades y la ausencia de una estrategia real para reactivar la economía en la principal zona petrolera del estado.
“Empresas sobreviven a crédito”
El punto más crítico, señalaron, está en la cadena de proveeduría, donde pequeñas y medianas empresas continúan sin recibir pagos, generando un efecto dominó que mantiene a la economía local operando “al día” y bajo esquemas de endeudamiento.
De acuerdo con el legislador, la falta de liquidez ha colocado a Ciudad del Carmen en una dinámica de supervivencia, con negocios que resisten a base de créditos, reducción de operaciones y recortes, lo que incrementa el riesgo de cierres y pérdida de empleos.
Acusan opacidad y “simulación”
La tensión aumentó cuando Armentía López denunció una presunta distorsión de información hacia instancias federales, donde —afirmó— se reportaría un cumplimiento de pagos que no coincide con la realidad que enfrentan los proveedores.
Además, criticó una “cerrazón institucional” que ha impedido avanzar en soluciones, pese a que, dijo, el tema ha sido planteado durante más de dos años sin resultados concretos, lo que hoy deriva en una protesta abierta desde el Congreso.
La crisis se expande
El impacto no se limita a Carmen. En Calakmul, empresarios del sector turístico denunciaron condiciones desiguales frente a proyectos federales que, aseguran, han generado competencia inequitativa y afectaciones directas a negocios locales.
Entre los reclamos destacan la instalación de infraestructura turística en zonas protegidas y la pérdida de visibilidad en plataformas digitales, lo que reduce su capacidad de atraer visitantes. Ante este escenario, se prevé una reunión entre autoridades, legisladores y empresarios para buscar salidas.
En medio del conflicto, el legislador anunció que impulsará un exhorto para exigir explicaciones sobre el acueducto Xpujil–López Mateos, una obra de alto costo que, pese a su inversión, no está suministrando agua a las comunidades beneficiarias.
El caso, advirtió, refleja problemas de ejecución y seguimiento en proyectos públicos, al dejar sin servicio a más de 80 comunidades, en una de las zonas con mayores necesidades básicas del estado.
A la par, el diputado reconoció que, aunque algunos indicadores de seguridad han mostrado ligeras mejoras, persisten hechos de alto impacto, lo que evidencia que la situación no está resuelta. También cuestionó la falta de rendición de cuentas de funcionarios y advirtió que podrían impulsarse juicios políticos si no hay respuestas.
Finalmente, se sumó un nuevo foco de tensión: pescadores denunciaron desalojos sin previo aviso en zonas costeras. El legislador criticó que los operativos se realizaran mientras existían mesas de diálogo y exigió un plan de reubicación claro, que respete los derechos de los trabajadores del mar.
