Por Karina Gómez
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., 20 de mayo de 2026.— Lo que comenzó como un acuerdo para reparar mobiliario escolar terminó convertido en una fuerte polémica dentro de la Escuela Secundaria General Número 7 “Joaquín Baranda”, donde madres y padres de familia denuncian la desaparición de más de 76 mil pesos provenientes de cuotas escolares.
De acuerdo con los denunciantes, integrantes del Comité de Padres de Participación Escolar (C.P.P.E.) habrían autorizado en diciembre pasado la entrega de 76 mil 500 pesos para trabajos de herrería y rehabilitación de mobiliario; sin embargo, aseguran que la operación se realizó sin contrato formal ni documentación que respaldara el acuerdo.
Según las versiones expuestas por padres inconformes, el dinero fue transferido directamente a un supuesto herrero que, presuntamente, desapareció sin concluir los trabajos comprometidos ni devolver el recurso.
La molestia creció entre la comunidad escolar luego de que, aseguran, las responsables prometieran reintegrar el dinero antes del pasado 18 de mayo, algo que finalmente no ocurrió. Además, denunciaron la falta de comprobantes relacionados con las cuotas escolares correspondientes al actual ciclo lectivo.
Mientras las versiones dentro del comité comenzaron a dividirse, la presidenta del organismo negó responsabilidad; la contralora afirmó que existe una demanda legal relacionada con el caso, aunque —según los padres— no se ha mostrado documentación oficial; y la tesorera habría planteado devolver únicamente una parte del recurso.
En medio de la controversia, los propios denunciantes aclararon que el director del plantel no estaría involucrado en el manejo del dinero ni en las decisiones tomadas por el comité escolar.
El caso ya llegó a la Secretaría de Educación del Estado (SEDUC), donde el titular, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, hizo un llamado público a privilegiar la transparencia, el consenso y los acuerdos colectivos en cualquier manejo de recursos provenientes de padres de familia.
El funcionario advirtió que las decisiones financieras dentro de las escuelas no deben tomarse de manera unilateral y subrayó la importancia de mantener los planteles educativos como espacios de diálogo y aprendizaje, lejos de conflictos internos.
La polémica surge en la recta final del ciclo escolar, en medio de altas temperaturas, tensiones estudiantiles y crecientes demandas de padres de familia que hoy reclaman claridad sobre el destino de recursos destinados, aseguran, al bienestar de los alumnos.
