Por Karina Gómez
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., 1 de julio de 2026.- El conflicto por la propiedad de tierras en la comunidad de Nueva Trinidad, municipio de Hopelchén, sumó un nuevo episodio, luego de que integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano denunciaron el presunto despojo de más de 500 hectáreas productivas. Los productores afirmaron que cuentan con resoluciones oficiales que respaldan su posesión, pero señalaron que enfrentan un nuevo proceso legal sobre esos terrenos.
Dejan de lado resolución anterior
El dirigente de la organización, Heraclio Rodríguez Gómez, sostuvo que el litigio pretende reabrir un asunto que, según su versión, ya fue resuelto en instancias agrarias y administrativas. También afirmó que disponen de un documento emitido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) que considera improcedente una solicitud relacionada con esos predios, al establecer que las superficies forman parte del predio denominado “El Progreso”.
De acuerdo con Rodríguez Gómez, unas 25 familias menonitas han trabajado esas tierras durante aproximadamente 15 años, periodo en el que realizaron inversiones en infraestructura, apertura de caminos, electrificación y producción agrícola. Explicó que originalmente adquirieron más de mil hectáreas, pero el conflicto por alrededor de 500 hectáreas redujo la superficie asignada a cada productor. En esos terrenos, indicó, se cultivan maíz, sorgo, frijol y soya, productos que representan la base de la actividad agrícola de la zona.
Buscarán la intervención federal
El dirigente afirmó que agotarán las vías legales e institucionales para defender lo que consideran su propiedad. Informó que este miércoles sostendrán una reunión en la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, donde solicitarán la intervención del subsecretario de Gobernación y pedirán la participación de la SEDATU para revisar el expediente y analizar el caso.
Hasta el momento, las autoridades agrarias y judiciales involucradas no han emitido una postura pública sobre las declaraciones de los productores. Para mantener el equilibrio informativo y el principio de contraste de fuentes, esta información deberá actualizarse una vez que exista un posicionamiento oficial de las autoridades y de la contraparte involucrada en el litigio.
