Por Karina Gómez
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., a 11 de febrero de 2026.– La jueza Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, Roxana Hernández López, ordenó al Congreso del Estado de Campeche iniciar el proceso de separación del cargo de la alcaldesa de Tenabo, Mariela Sánchez Espinoza, en cumplimiento de una resolución emitida el pasado 10 de febrero de 2026, derivada de un juicio laboral.
En el dictamen, la autoridad federal instruyó de manera expresa al Poder Legislativo a remitir constancias que acrediten que se están realizando las acciones necesarias para el proceso de separación del cargo de la presidenta del Municipio de Tenabo, lo que obliga al Congreso local a dar trámite formal e inmediato al procedimiento correspondiente.
La determinación judicial devuelve al Congreso una responsabilidad que previamente había sido abordada en sesión reservada, sin que en aquella ocasión se concretara alguna sanción contra la autoridad municipal. Con esta nueva resolución, el órgano legislativo deberá definir su actuación bajo el escrutinio público y en cumplimiento estricto del mandato judicial federal.
Sin fuero desde 2016
En el contexto jurídico actual, la figura del fuero constitucional no aplica en Campeche, ya que fue eliminada en 2016. Por ello, ningún servidor público, incluidos alcaldes o diputados locales, goza de inmunidad procesal, quedando sujetos a las mismas responsabilidades administrativas y penales que cualquier ciudadano.
De acuerdo con el Consejero Jurídico del Estado, una eventual restitución del fuero requeriría una reforma constitucional, aprobada por las dos terceras partes del Congreso y el aval de la mayoría de los cabildos municipales, lo que actualmente no se encuentra en proceso.
Cabe señalar que la propia alcaldesa Mariela Sánchez Espinoza forma parte de los siete alcaldes emanados de Morena que se pronunciaron públicamente en contra del regreso del fuero, al considerar que su reinstalación debilitaría la igualdad ante la ley, la transparencia y la rendición de cuentas.
Con este escenario, el Congreso del Estado deberá definir el curso del procedimiento legislativo correspondiente, en un asunto que combina implicaciones jurídicas y repercusiones políticas en el ámbito municipal de Campeche.
