Tijuana, BC, a 18 de septiembre de 2026.- Las decisiones tomadas desde un juzgado federal de Tijuana comenzaron a ser observadas con mayor atención luego de que distintas suspensiones de amparo derivaran en la revisión de medidas cautelares impuestas a personas procesadas por delitos como homicidio calificado y secuestro. Uno de esos procedimientos terminó con un acusado fuera de prisión mientras continúa abierto el proceso penal en su contra.
De acuerdo con una investigación de Animal Político, los asuntos corresponden al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Baja California, encabezado por la jueza Cristina Martínez Aguilar. Entre los expedientes revisados por el medio se encuentran los amparos 792/2026 y 852/2026, promovidos en favor de una persona procesada por homicidio calificado.
La información documentada indica que durante agosto y septiembre de este año se produjeron distintas actuaciones relacionadas con la prisión preventiva impuesta al acusado. Una suspensión concedida en el ámbito federal antecedió a una nueva audiencia en la justicia local, en la que volvió a analizarse la medida cautelar.
En esa audiencia, la prisión preventiva fue sustituida, por lo que el imputado pudo continuar el proceso en libertad. Esto no significó el cierre del procedimiento penal, que permanece sujeto a las etapas y resoluciones correspondientes.
Otros expedientes quedan bajo observación
La revisión publicada por Animal Político no se limita a esos dos amparos. También identifica los incidentes de suspensión 517/2026-VII, 530/2025-VII y 153/2026-V, relacionados con investigaciones por homicidio calificado.
Uno de esos asuntos llegó incluso a una conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la madre de una víctima expusiera públicamente el caso y manifestara inconformidades sobre el desarrollo del procedimiento.
Entre los documentos revisados también figura el amparo 846/2026-I, relacionado con la causa penal 1065/2023 por secuestro. En ese procedimiento, la representación ministerial promovió un recurso de queja al considerar que la determinación del juzgado tenía efectos sobre la medida cautelar establecida dentro del proceso penal.
Abogados de Baja California han planteado además dudas sobre la participación de terceros interesados en algunos de estos juicios, particularmente acerca de si representantes de víctimas y autoridades ministeriales fueron llamados cuando las resoluciones podían tener consecuencias sobre sus intereses jurídicos.
Dentro del foro local también han surgido señalamientos sobre supuestos intermediarios vinculados con personal del juzgado y presuntas gestiones para obtener resoluciones favorables.
La existencia de suspensiones de amparo o modificaciones a medidas cautelares tampoco demuestra por sí misma una actuación irregular. Los cuestionamientos se concentran en los criterios utilizados, el trámite seguido en cada expediente y las consecuencias que tuvieron las resoluciones federales dentro de procesos penales todavía abiertos.
Corresponderá a las instancias judiciales y disciplinarias competentes establecer si existió alguna irregularidad. Por ahora, la documentación revisada permite identificar resoluciones del Juzgado Décimo Segundo de Distrito que antecedieron a revisiones o modificaciones de medidas de prisión preventiva en distintos procesos por homicidio calificado y secuestro.
