Por Karina Gómez
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., a 01 de octubre del 2026.— La primera sesión ordinaria del Primer Periodo del Tercer Año de la LXV Legislatura convirtió al Congreso del Estado en escenario de una amplia agenda que cruzó seguridad jurídica, protección social, turismo, economía familiar, patrimonio, municipios y reformas constitucionales.
Entre las decisiones de mayor impacto, el Poder Legislativo aprobó una reforma al Código Penal de Campeche para crear el delito de abandono de mujer o persona gestante, con penas de seis meses a tres años de prisión y multas de 150 a 500 veces el valor diario de la UMA, cuando exista una obligación legal de proporcionar asistencia, ésta sea omitida deliberadamente y la conducta genere un peligro real y verificable para la vida o salud de la persona gestante.
La legislación establece, sin embargo, que el embarazo, la separación de una pareja, vivir en domicilios diferentes o el simple incumplimiento de una obligación alimentaria no serán suficientes por sí mismos para configurar el nuevo delito.
Si la omisión provoca lesiones o muerte, los hechos serán sancionados conforme a los delitos correspondientes. La persecución del nuevo ilícito será por querella.
Más controles para hoteles ante violencia de género
En materia turística, los diputados aprobaron modificaciones a la Ley de Turismo para obligar a hoteles y establecimientos de hospedaje a implementar medidas y protocolos de prevención, detección y atención ante posibles casos de violencia contra las mujeres.
El personal deberá recibir capacitación periódica en identificación de riesgos, prevención y atención de violencia, perspectiva de género y derechos humanos.
La Secretaría de Turismo, en coordinación con el Instituto de la Mujer del Estado, tendrá 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto para ejecutar las acciones necesarias.
La medida coloca a la industria turística ante una nueva responsabilidad: no sólo prestar servicios de hospedaje, sino contar con herramientas para actuar ante posibles situaciones de violencia y coordinarse con las autoridades.
Patrimonio para financiar la vejez
Uno de los asuntos con mayor contenido económico fue la iniciativa para incorporar al Código Civil la figura de la “hipoteca pensionaria”, dirigida a personas adultas mayores de 60 años propietarias de una vivienda.
La propuesta plantea que el propietario pueda obtener recursos económicos utilizando el valor de su inmueble como respaldo, mediante pagos periódicos o una sola exhibición, sin perder la propiedad ni abandonar su vivienda durante su vida.
La iniciativa contempla mecanismos para que, posteriormente, los herederos puedan liquidar o reestructurar la deuda y conservar el inmueble.
Aunque todavía deberá ser analizada en comisiones, la propuesta abre un debate relevante para las finanzas familiares: cómo convertir el patrimonio acumulado durante décadas en una fuente de ingresos durante la vejez sin obligar al adulto mayor a vender su casa.
Municipios y nacionalidad, en la agenda
La sesión también tuvo una repercusión directa para los municipios, al realizarse el cómputo de los votos emitidos por los ayuntamientos respecto de diversas reformas constitucionales.
Entre ellas se encuentra la modificación relacionada con simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, una medida que apunta a transformar la relación entre gobiernos municipales y ciudadanos mediante procesos más ágiles y herramientas digitales.
También se computaron votos sobre la incorporación del sistema de cuidados a la Constitución estatal, así como otras reformas constitucionales y penales.
Este procedimiento es relevante porque las modificaciones a la Constitución local requieren la participación de los ayuntamientos, por lo que el Congreso no actúa de manera aislada, las decisiones legislativas terminan trasladándose a las estructuras municipales y, con ello, a la prestación cotidiana de servicios públicos.
En otro punto de la agenda, el Congreso aprobó la minuta enviada por el Congreso de la Unión para modificar la Constitución federal en materia de nacionalidad de quienes aspiren a ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La propuesta establece como requisito ser mexicano por nacimiento y contar únicamente con la nacionalidad mexicana para ejercer esos cargos.
Las nuevas disposiciones comenzarían a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028 y no afectarían a quienes actualmente ocupan esos cargos.
Comunidades indígenas buscan reconocimiento
El Legislativo aprobó además un exhorto al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para realizar estudios técnicos en comunidades de Candelaria y otros municipios que busquen incorporarse al Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Los estudios deberán considerar historia, identidad, organización social, territorio, continuidad histórica y prácticas tradicionales, elementos que podrían permitir a las comunidades avanzar en el procedimiento de reconocimiento.
En paralelo, fue presentada una iniciativa para actualizar las reglas de las sesiones públicas y reservadas del Congreso, planteando que cualquier reserva de una sesión esté debidamente justificada y establezca con precisión su alcance y duración.
Con esta sesión, el Congreso estatal puso sobre la mesa una agenda que va desde cárcel y sanciones penales hasta patrimonio inmobiliario, digitalización municipal, turismo, derechos sociales y reglas electorales, asuntos que podrían tener efectos directos en la vida económica, institucional y social de Campeche.
