Por Staff:
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, a 17 de septiembre de 2026.— El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tramitó un juicio de amparo con el objetivo de conocer y frenar la posible ejecución de alguna nueva orden de aprehensión en su contra. Actualmente recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, el exmandatario solicitó la protección de la justicia federal para rastrear cualquier mandamiento de captura emitido por las autoridades ministeriales.
La demanda inicial fue radicada en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal, a cargo del juez Rubén Darío Noguera Gregoire. Sin embargo, el juzgador se declaró incompetente para conocer del asunto y ordenó devolver el expediente al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Penal en la capital del país para que sea este último el que resuelva lo procedente en derecho.
Antecedentes judiciales y el revés por libertad anticipada
Las acciones legales de la defensa ocurren tras los reveses judiciales que frenaron la salida anticipada de Duarte de Ochoa de prisión. En noviembre de 2025, la jueza federal de Ejecución de Sanciones, Ángela Zamorano Herrera, le negó el beneficio de la libertad anticipada en su sentencia de nueve años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
La resolución determinó que el exgobernador no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente al no acreditar a cabalidad el plan de actividades (laborales, culturales, educativas y de capacitación) durante los más de ocho años y medio que ha permanecido encarcelado.
Acusaciones por peculado y denuncias de persecución
Asimismo, el exmandatario enfrenta un proceso adicional tras ser vinculado a por el delito de peculado relacionado con el presunto desvío de cinco millones de pesos pertenecientes a un fondo para personas vulnerables en 2012.
Durante las audiencias ante el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, la defensa de Duarte acusó una supuesta instrucción política orientada a impedir su liberación, argumentando presiones hacia la Fiscalía General de la República (FGR) para mantenerlo privado de la libertad a pesar de estar cerca de cumplir su condena original.
