Por Staff
CIUDAD DE MÉXICO.— A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el caso vuelve a sacudir a la política mexicana. Un juez federal decidió vincular a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por los delitos de desaparición forzada y ocultamiento de pruebas relacionados con los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.
La resolución llegó después de una audiencia que se prolongó durante casi 14 horas y terminó durante la madrugada de este miércoles. El juez consideró que existen elementos suficientes para que la investigación contra el exmandatario continúe por la vía judicial.
Aguirre, quien dejó la gubernatura de Guerrero poco después de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, deberá enfrentar el proceso bajo prisión preventiva oficiosa. Su destino inmediato será el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano.
¿Qué encontró la Fiscalía?
El principal señalamiento de la Fiscalía General de la República (FGR) gira alrededor de unos videos de seguridad que, según la investigación, habrían captado momentos importantes de la agresión contra los normalistas.
La acusación sostiene que las grabaciones mostraban la actuación de policías municipales y estatales, así como la ruta que siguieron los estudiantes y los agentes después de que uno de los autobuses en los que viajaban fue interceptado.
De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, Aguirre habría recibido esos videos y posteriormente ordenado su destrucción. La acusación se apoya principalmente en los testimonios de dos personas que aseguran conocer la entrega de las grabaciones y la supuesta instrucción para desaparecerlas.
Pero la historia no termina ahí. La defensa del exgobernador rechaza los señalamientos y asegura que Aguirre no estaba en Guerrero cuando presuntamente recibió los videos.
Su abogado, Guillermo Barradas, sostiene que el exmandatario se encontraba en Ciudad de México en una reunión oficial con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. La defensa presentó testimonios y otros elementos para tratar de demostrar esa versión.
Barradas también adelantó que apelará la decisión del juez y cuestionó la solidez de los testimonios utilizados por la Fiscalía para involucrar a su cliente.
¿Inocente o culpable?
Con la vinculación a proceso, Aguirre no ha sido declarado culpable. Lo que determinó el juez es que existen elementos suficientes para que continúe la investigación y el proceso penal en su contra.
La FGR tendrá ahora un plazo de cuatro meses para concluir su investigación complementaria. Durante ese periodo podrá reunir y presentar nuevos elementos, mientras la defensa tendrá oportunidad de controvertir las acusaciones.
La decisión representa un nuevo capítulo en un expediente que durante casi 12 años ha acumulado investigaciones, detenciones y distintas versiones sobre lo ocurrido aquella noche en Iguala. Aguirre se convierte así en uno de los funcionarios de más alto nivel procesados por su presunta participación en el encubrimiento de hechos relacionados con la desaparición de los estudiantes.
Para las familias de los 43 normalistas, la resolución llega después de años de exigir que se investigue también la posible responsabilidad de funcionarios estatales y federales. El proceso contra Aguirre abre ahora una nueva etapa judicial, pero la verdad completa sobre el paradero de los estudiantes continúa sin esclarecerse.
