XALAPA, Ver., 23 de julio de 2026.- El Congreso del Estado de Veracruz declaró procedente la solicitud de desafuero promovida por la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, quien es investigado por su presunta participación como autor intelectual en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. Con esta determinación, comenzó el procedimiento legislativo que podría retirarle la inmunidad constitucional para que enfrente la acción de la justicia.
Fiscalía atribuye al edil la orden del secuestro
La investigación de la FGE incluye el testimonio de un testigo colaborador que señala directamente al alcalde como la persona que ordenó al grupo criminal “La Sombra” secuestrar a la comunicadora. De acuerdo con esa declaración, el presunto motivo fue impedir que se difundiera una fotografía en la que Raúl González aparece portando un arma larga, imagen que, según el testigo, el funcionario consideraba perjudicial para su carrera política y sus aspiraciones futuras.
Tras analizar la solicitud presentada por la Fiscalía, el Congreso local determinó que existen los elementos legales para iniciar el juicio de declaración de procedencia. El expediente quedó en manos de la Comisión Permanente Instructora, que analizará el caso antes de emitir un dictamen para que el Pleno decida si retira o no el fuero constitucional al alcalde. El procedimiento no representa una sentencia sobre el fondo del asunto, sino el análisis para determinar si puede ser procesado penalmente mientras ocupa el cargo.
La investigación alcanza al ámbito político
La solicitud de desafuero ocurre después de los avances registrados en la investigación por el secuestro y asesinato de Roxana Guzmán, directora del portal Pulso Informativo del Sureste. La periodista desapareció el 2 de junio de 2026 y semanas después las autoridades confirmaron la localización e identificación de sus restos. Hasta ahora, la Fiscalía ha detenido a ocho personas, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, presuntamente relacionados con el plagio y homicidio.
El señalamiento contra el presidente municipal representa uno de los avances más relevantes dentro de la investigación, al colocar bajo escrutinio a un servidor público en funciones por un caso de violencia contra la prensa. La Fiscalía sostiene que el presunto móvil estuvo relacionado con evitar la difusión de material que comprometía políticamente al alcalde, mientras que el Congreso de Veracruz continuará el procedimiento para definir si Raúl González Martínez pierde la protección constitucional y puede ser llevado ante un juez.
