Por Staff
CIUDAD DE MÉXICO, 21 de julio de 2026.— A pocos días de que se emita el fallo de la licitación pública nacional electrónica LA-06-400-006400001-N-11-2026, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han surgido versiones sobre presuntas presiones y actividades de cabildeo en torno al procedimiento mediante el cual el Gobierno federal busca contratar, de forma consolidada, el servicio de arrendamiento vehicular para más de 90 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
De acuerdo con fuentes consultadas al interior de la dependencia, el equipo de la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, enfrentaría una intensa labor de cabildeo en la etapa previa al fallo, previsto para el 31 de julio.
Las mismas versiones señalan que dichas gestiones serían atribuidas al ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas (TUAF) de la SHCP, Jorge Trejo Bermúdez, quien presuntamente contaría con el respaldo de funcionarios que permanecen en la dependencia desde la gestión de la entonces oficial mayor Thalía Lagunas. Según las fuentes, el objetivo sería que el procedimiento fuera declarado desierto.
Asimismo, personas consultadas indicaron que algunas de las empresas participantes, entre ellas Casanova Vallejo e Impulsa tu Ganancia, en conjunto con Arrendo Serv, habrían logrado retrasar el inicio de la revisión de las propuestas económicas y la publicación del acta de evaluación.
¿Por qué es relevante?
La licitación es considerada uno de los procesos de contratación más importantes del año, ya que contempla el arrendamiento de entre 10 mil 422 y 18 mil 217 vehículos, distribuidos en 30 partidas, para atender las necesidades operativas de más de 90 dependencias federales durante un periodo de 48 meses, con recursos asignados para los ejercicios fiscales 2026-2030.
Entre las instituciones que serían beneficiadas con el contrato se encuentran Pemex, IMSS-Bienestar, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Banco del Bienestar, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y diversas dependencias de la Administración Pública Federal.
Las fuentes advirtieron que una eventual declaratoria de desierto obligaría a reiniciar el procedimiento de contratación, lo que podría retrasar la disponibilidad de la flotilla vehicular y afectar la operación de diversos programas gubernamentales que dependen de estas unidades para realizar actividades en campo.
De manera paralela, funcionarios consultados señalaron que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, mantiene seguimiento al desarrollo del procedimiento. Hasta el momento, ninguna de las autoridades o personas mencionadas ha emitido una postura pública sobre estas versiones.
