Por Karina Gómez
ESCÁRCEGA, Camp., a 09 de julio de 2026.– Un presunto caso de crueldad animal ha generado indignación en Escárcega, luego de que ciudadanos denunciaran que tres perros permanecieron 26 días encerrados en un cuarto, sin acceso a agua ni alimento, situación que habría provocado la muerte de una de las mascotas días después de haber sido rescatada.
De acuerdo con las denuncias difundidas por vecinos y activistas, los animales sobrevivieron en condiciones extremas, presuntamente alimentándose de sus propias heces y bebiendo orina para mantenerse con vida. Tras ser liberados, fueron trasladados para recibir atención veterinaria; sin embargo, la perrita identificada como “Wera” falleció cuatro días después debido a complicaciones de salud que, según los denunciantes, derivaron del prolongado estado de abandono.
Las acusaciones públicas señalan como presunto responsable a Christian Iván Uc Roquis, quien, de acuerdo con los denunciantes, labora en el área de Salud del Hospital de Escárcega. Asimismo, en redes sociales han circulado publicaciones donde presuntamente aparece con la dirigente estatal de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores de la Salud, Martha Porfiria Albores Avendaño. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial que vincule a la lideresa sindical con los hechos denunciados.
Un caso de crueldad animal
Ante la gravedad del caso, organizaciones protectoras de animales y ciudadanos solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) para que se investiguen los hechos y, en caso de acreditarse responsabilidades, se apliquen las sanciones contempladas en la legislación vigente por maltrato o crueldad animal.
El caso también reavivó el debate sobre la protección de los animales de compañía y la necesidad de fortalecer la cultura de la denuncia, así como la aplicación de las leyes en materia de bienestar animal. Colectivos animalistas han advertido que este tipo de hechos se han vuelto cada vez más frecuentes en distintas regiones de Campeche.
Mientras la indignación continúa creciendo en redes sociales, ciudadanos exigen que el caso no quede impune y que las autoridades realicen una investigación imparcial. Hasta el momento, las acusaciones se sustentan en denuncias públicas y no se ha informado de una imputación formal ni de una resolución judicial contra la persona señalada, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las responsabilidades conforme al debido proceso.
