Por Karina Gómez
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., a 11 de febrero de 2026.— En un contexto de tensión política y jurídica, el Congreso del Estado suspendió la sesión ordinaria programada para este miércoles, luego de que diputados del grupo parlamentario de Morena decidieran esperar la resolución de los amparos promovidos ante el riesgo de posibles acciones judiciales en su contra.
La determinación se dio horas después de que el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, informara que obtuvo una suspensión provisional concedida por un Juez Federal, medida que impide —por el momento— que autoridades locales ejecuten una eventual orden de aprehensión en su contra, en caso de existir.
De acuerdo con el abogado Luis Lex, la resolución judicial ordena a la Fiscalía y a jueces del fuero común abstenerse de privarlo de la libertad mientras se analiza el fondo del juicio de amparo.
Aplazan trabajos legislativos
Fuentes legislativas señalaron que la decisión de suspender la sesión obedece a un clima de incertidumbre jurídica. Los legisladores morenistas sostienen que enfrentan lo que califican como una persecución política impulsada desde el Poder Ejecutivo estatal, encabezado por la gobernadora Layda Elena Sansores Sanromán.
Ante este escenario, la Junta de Gobierno y Administración del Congreso acordó reprogramar la sesión para el próximo 18 de febrero, con el argumento de salvaguardar la integridad de los diputados y garantizar el desarrollo normal de las actividades parlamentarias.
Alcances jurídicos
En el caso del diputado Jiménez, el Juez Federal no autorizó el acceso a la carpeta de investigación, al considerar que el promovente no acreditó formalmente la existencia de un acto concreto de autoridad en su contra, como un citatorio, orden de aprehensión o cateo.
Juristas consultados explican que la suspensión provisional es una medida cautelar que busca evitar un daño irreparable mientras se resuelve el juicio de amparo, sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
Por su parte, autoridades del Gobierno del Estado han negado en reiteradas ocasiones que no exige una “persecución política”, dejando entrever qué la fractura interna de Morena es un conflicto de intereses personales que no abonan nada a la ciudadanía.
El proceso legal continúa y será en las próximas etapas judiciales cuando se determine la situación jurídica definitiva de los legisladores involucrados, en un escenario que mantiene en vilo la agenda parlamentaria del Congreso local.
