MÉXICO, 24 de marzo de 2026.- El exgobernador de Baja California, Jaime N., fue vinculado a proceso por su presunta participación en el caso de la planta fotovoltaica de Mexicali, un proyecto que derivó en investigaciones por el uso de recursos públicos y posibles irregularidades en su contratación, confirmaron fuentes judiciales y reportes de medios nacionales.
La autoridad judicial determinó iniciar el proceso penal contra el exmandatario por su presunta responsabilidad en peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionados con el contrato firmado durante su administración para el desarrollo de una planta fotovoltaica.
El proyecto, impulsado en 2020, contemplaba la construcción de una central solar en Mexicali mediante un esquema financiero con la empresa Next Energy y Banca Afirme, el cual fue cancelado posteriormente por irregularidades y falta de permisos federales.
De acuerdo con la Fiscalía, existen elementos suficientes para presumir que durante la administración de Jaime N. se comprometieron recursos públicos de manera indebida, generando un daño al erario estatal.
El Ministerio Público sostiene que el esquema contractual habría permitido la disposición anticipada de recursos sin que existiera obra física ni cumplimiento de requisitos legales, lo que derivó en denuncias por desvío de fondos y ejercicio indebido de funciones.
Argumentos de la defensa
Por su parte, la defensa del exgobernador ha rechazado las acusaciones y sostiene que no existió intención de construir la planta en los términos señalados por la autoridad.
El propio Bonilla ha afirmado que “nunca se habló de construir una planta” en los términos que ahora se le imputan, y ha calificado el proceso como una narrativa errónea en su contra.
Asimismo, ha defendido que el proyecto tenía como objetivo beneficiar el suministro energético de Baja California, particularmente en el abastecimiento de infraestructura estratégica como el acueducto estatal.
Caso Next Energy
El caso se remonta a la adjudicación del contrato a la empresa Next Energy, con el cual se buscaba desarrollar una planta solar de hasta 100 megawatts. Sin embargo, el proyecto fue cancelado en 2022 tras detectarse inconsistencias legales y administrativas.
Las investigaciones posteriores derivaron en procesos penales contra exfuncionarios y particulares, así como en la recuperación de recursos públicos comprometidos, en medio de señalamientos de fraude y manejo irregular de fondos.
Con la vinculación a proceso, el exgobernador deberá enfrentar el procedimiento judicial en libertad o bajo las medidas cautelares que determine el juez, mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.
El caso de la planta fotovoltaica se mantiene como uno de los expedientes más relevantes en materia de presunta corrupción en Baja California, al involucrar a exfuncionarios, instituciones financieras y recursos públicos millonarios.
