Por Karina Gómez
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., a 6 de enero del 2026. – Durante las celebraciones de Año Nuevo, autoridades de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas perteneciente a la Fiscalia General del Estado de Campeche (FGECAM), reforzaron los rondines de vigilancia y atendieron denuncias ciudadanas relacionadas con maltrato animal provocado por el uso indebido de pirotecnia, lo que derivó en la apertura de 22 carpetas de investigación, actualmente en espera de ratificación formal.
El titular de la dependencia, Alexandro Brown Gantus, acompañado de Agentes Ministeriales, acudió a distintos puntos del estado donde se notificó a presuntos responsables el inicio de procesos penales, derivados de denuncias presentadas por ciudadanos afectados por estos hechos.
De acuerdo con la autoridad, una vez ratificadas, las carpetas serán integradas y judicializadas ante el Juez de Control, al tratarse de un delito tipificado en la legislación vigente. Las sanciones contemplan multas que superan los 35 mil pesos, así como penas de hasta cinco años de prisión, dependiendo de la gravedad de cada caso.
Destaca una denuncia en la que una persona habría arrojado material pirotécnico directamente contra perros en situación de calle. El hecho fue captado en video, material que permitió identificar plenamente al presunto responsable, quedando pendiente únicamente la ratificación para proceder con la vinculación a proceso.
Falta participación de ayuntamientos
Asimismo, se informó que la comunidad de Betania registró la mayor concentración de residuos de pólvora, detectados incluso frente a las oficinas de la agencia municipal. Ante esta situación, la autoridad local será citada como aportadora de datos, dentro de la denuncia interpuesta por habitantes de la zona para dar con los responsables.
Finalmente, se realizaron inspecciones en puntos de venta de pirotecnia señalados por vecinos. La autoridad anunció que se trabajará de manera coordinada con los ayuntamientos, a fin de exhortarlos a prohibir formalmente la venta de estos productos mediante acuerdos de Cabildo, como medida preventiva para evitar nuevos casos de maltrato animal.
