Por Karina Gómez
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., a 23 de marzo de 2026.– El derrame de hidrocarburos que se extiende en el sur del Golfo de México ya no solo representa una emergencia ambiental, sino una crisis de transparencia que podría impactar directamente a las costas y comunidades pesqueras de Campeche.
La organización internacional Oceana advirtió que, a casi veinte días del primer reporte de chapopote en Veracruz y Tabasco, las autoridades federales no han logrado determinar el origen del derrame ni identificar a los responsables, mientras la información oficial continúa siendo limitada y contradictoria.
Aunque el epicentro del desastre se ubica fuera del territorio campechano, especialistas y comunidades alertan que los efectos ya alcanzan al Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, sistema marino que conecta ecosistemas clave frente a las costas de Campeche.
De acuerdo con reportes ciudadanos, el daño ambiental incluye mortandad de especies como tortugas marinas, peces e incluso mamíferos, así como afectaciones a más de una decena de arrecifes coralinos, fundamentales para la biodiversidad y la actividad pesquera en la región.
Exigen claridad y sanciones
Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana, señaló que la falta de información impide establecer estrategias efectivas de atención y reparación del daño, lo que deja en estado de vulnerabilidad a miles de familias que dependen del mar.
“El Golfo de México no puede seguir siendo una zona de sacrificio ambiental”, advirtió, al subrayar que sin claridad sobre las causas del derrame, se favorece la impunidad.
El antecedente del pozo Ixtoc-I en 1979, ocurrido frente a las costas de Campeche, y otros desastres como Deepwater Horizon en 2010, evidencian que los impactos de este tipo de incidentes pueden prolongarse durante décadas, afectando la biodiversidad, la pesca y la seguridad alimentaria.
Ante este panorama, la organización hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para establecer mecanismos transparentes de coordinación y garantizar que se investigue, sancione y repare el daño ambiental.
