CIUDAD DE MÉXICO, a 6 de febrero de 2026.– La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, fue consecuencia directa de denuncias ciudadanas reiteradas y no de una decisión política, al subrayar que ningún partido político puede servir como refugio o “paraguas” para delinquir, incluido el suyo.
Durante su conferencia matutina, la mandataria fue enfática al señalar que la filiación partidista no otorga protección frente a la ley, y remarcó que “ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para la corrupción o para conductas delictivas”, al referirse al caso del edil detenido.
Sheinbaum explicó que el expediente llegó al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía General de la República tras múltiples señalamientos provenientes de habitantes y actores económicos de la región, quienes alertaron sobre presuntas irregularidades en la administración municipal de Tequila.
Añadió que las denuncias no solo se canalizaron por las vías institucionales, sino que ella misma recibió planteamientos directos de empresarios y ciudadanos, lo que derivó en la revisión del caso por parte de las autoridades federales y en el avance de las investigaciones correspondientes.
Denuncias ciudadanas activaron la intervención federal
La presidenta remarcó que la actuación de las fuerzas federales responde a un principio básico del Estado de derecho: cuando existen señalamientos fundados y elementos suficientes, las instituciones están obligadas a intervenir, sin considerar cargos públicos ni afinidades partidistas.
En ese contexto, recalcó que su gobierno no tolerará esquemas de impunidad ni encubrimiento político, y que cualquier funcionario señalado por posibles delitos debe enfrentar las investigaciones conforme a derecho. Precisó que será la Fiscalía la instancia encargada de determinar responsabilidades penales conforme avance el proceso legal.
Sheinbaum llamó a respetar el debido proceso y evitar juicios anticipados, pero dejó claro que la estrategia de seguridad y combate a la corrupción contempla actuar incluso contra autoridades en funciones cuando existan denuncias sustentadas y respaldo jurídico, como ocurrió en el caso del alcalde de Tequila, cuya detención se realizó en el marco de un operativo federal coordinado.
