Por Karina Gómez
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., a 30 de septiembre del 2026 .— Mientras desde el Gobierno del Estado se insiste en que Campeche continúa siendo un territorio “seguro, tranquilo y atendido”, las cifras expuestas durante el primer “Miércoles de Seguridad”, colocaron sobre la mesa una realidad mucho más incómoda, 58 homicidios registrados en lo que va de 2026, de acuerdo con los datos presentados durante la conferencia, además de una ciudadanía que —según los cuestionamientos planteados a las autoridades— continúa con miedo de salir, transitar por determinadas zonas y hasta permanecer dentro de sus propias casas.
Durante la conferencia, se cuestionó directamente a la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez, si presentar estadísticas, detenciones y operativos basta para cambiar la percepción de una población que ha conocido hechos violentos de alto impacto.
La secretaria defendió que la policía trabaja diariamente y rechazó que exista una situación generalizada de inseguridad, al tiempo que invitó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a acudir a las mesas de seguridad en territorio.
De acuerdo con las cifras expuestas durante la rueda de prensa, se contabilizan 58 personas fallecidas en hechos clasificados por las autoridades en el contexto de homicidios, de las cuales 54 serían hombres y cuatro mujeres. La distribución mensual señalada fue: enero, 2; febrero, 9; marzo, 8; abril, 4; mayo, 11; junio, 3; julio, 7; agosto, 6 y septiembre, 9, tras la actualización mencionada durante la propia conferencia.
El desglose municipal presentado también puso los reflectores sobre Carmen, municipio señalado como uno de los principales motores económicos de Campeche, donde se reportaron 27 casos.
Le siguieron, según los datos expuestos: Escárcega 8; Campeche 7; Calakmul 5; Champotón 4; Hopelchén 4; y Calakmul 2; Palizada 1; cifra que deberá aclararse por la inconsistencia advertida en la exposición pública.
El SESNSP señala que su estadística oficial de incidencia delictiva se construye con los registros de carpetas de investigación reportados por las fiscalías y que cuenta con bases diferenciadas para incidencia y víctimas.
Ante la pregunta de por qué la población continúa percibiendo inseguridad, la secretaria sostuvo que no todos los homicidios pueden ser catalogados como ejecuciones, pues algunos estarían relacionados con riñas, consumo de alcohol, drogas u otros conflictos.
Incluso se rechazó que todas las muertes violentas tengan necesariamente una relación directa con el narcomenudeo. El fiscal general del Estado, Jakson Villacís Rosado, explicó que varias investigaciones permanecen abiertas y que proporcionar detalles prematuros podría comprometer las carpetas de investigación. También aseguró que existe un porcentaje de casos con avances y personas detenidas que presuntamente estarían relacionadas con más de un hecho.
Y aquí aparece otro problema: la ciudadanía exige saber qué pasó, mientras las autoridades responden que no pueden revelar demasiado porque las investigaciones siguen abiertas.
El resultado es una comunicación pública que llega después de los hechos, con datos fragmentados y explicaciones que deben ser reconstruidas entre declaraciones, boletines y conferencias.
Comunicación oficial, bajo cuestionamiento
El Gobierno estatal anunció esta nueva dinámica precisamente para enfrentar la percepción de inseguridad y mejorar la comunicación de las acciones policiales. La conferencia fue presentada como un mecanismo para explicar semanalmente el trabajo de las instituciones de seguridad. Sin embargo, durante la rueda de prensa también quedó expuesto que la estrategia de comunicación había sido cuestionada por su falta de eficacia para transmitir los resultados de la Policía.
La escena resultó políticamente incómoda: mientras la autoridad pedía no magnificar los homicidios, la prensa reclamaba que los ciudadanos necesitan conocer oportunamente qué ocurrió, dónde ocurrió, quién fue detenido, qué autoridad investiga y cuál es el estado jurídico del caso.
Porque para el ciudadano que vive a unas casas de donde ocurre un homicidio, el comunicado posterior no borra el miedo. La SPSC también mostró cifras de robos y detenciones por sectores.
Santa Lucía:12 robos y 11 detenidos; Plan Chac, 8 robos y 8 detenidos; San Francisco de Campeche, 6 robos y 5 detenidos. La secretaria defendió que estos resultados demuestran que existe una respuesta policial y cuestionó que algunos medios o redes sociales destaquen un homicidio sin acompañarlo de las detenciones y acciones operativas realizadas durante el mismo periodo.
Pero el reclamo periodístico fue otro, la seguridad no solamente se mide por cuántos detenidos existen, sino también por la capacidad del Gobierno para explicar con claridad qué está pasando. Y ahí es donde la comunicación oficial vuelve a tropezar.
El miedo no desaparece con estadísticas
La titular de la SPSC reiteró que Campeche es un estado seguro y atractivo para visitantes, y sostuvo que muchos turistas y empresarios expresan sentirse tranquilos al caminar por la entidad. Sin embargo, la percepción de seguridad es un indicador que las propias instituciones públicas reconocen como relevante.
El INEGI señala que la ENVIPE mide precisamente la percepción de seguridad, la victimización, la cifra oculta y la experiencia de la ciudadanía con las instituciones de seguridad y justicia.
Por eso, decir “estamos seguros” no necesariamente resuelve la percepción de quien tiene miedo. El Gobierno presume trabajo territorial, detenciones, inteligencia, proximidad y coordinación institucional. La Fiscalía pide esperar a que avancen las investigaciones. La Secretaría insiste en que muchos hechos son aislados y que no todos corresponden a ejecuciones.
Y la ciudadanía observa homicidios, robos, noticias contradictorias y explicaciones que llegan después. En tiempos donde la información oficial debería ser precisamente la herramienta para combatir rumores y miedo, mantener datos dispersos o aclaraciones tardías termina dejando un vacío que rápidamente llenan las redes sociales.
El Gobierno podrá tener cifras de detenciones, la Fiscalía podrá tener carpetas abiertas y la Policía podrá presumir operativos, pero mientras las autoridades discuten si el vaso está medio lleno o medio vacío, el ciudadano que escucha una balacera no necesita una gráfica, necesita saber si está seguro. Y esa respuesta, después del primer “Miércoles de Seguridad”, todavía está pendiente.
