SAN JOSÉ ITURBIDE, Gto., a 24 de septiembre de 2026. El caso que comenzó como un aseguramiento de 59 millones de litros de combustible acaba de dar un giro. Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron que el hidrocarburo localizado en una terminal de Gas Natural del Noroeste al parecer no es “huachicol fiscal”. La investigación sigue abierta, así que todavía no existe un dictamen oficial sobre la legalidad de todo el combustible.
Del anuncio a las preguntas
El 17 de septiembre, las autoridades anunciaron el aseguramiento en San José Iturbide, Guanajuato: 59 millones de litros, diez tanques, tres tractocamiones, contenedores y documentos. La cifra convirtió el caso en noticia nacional, pero también abrió una pregunta clave: ¿de quién era el combustible y cómo llegó a la terminal? El anuncio ocurrió ese día, aunque reportes periodísticos señalan que el cateo se realizó antes.
Grupo SIMSA, dueño de Gas Natural del Noroeste, respondió que la terminal tiene permisos y almacena combustible para otras empresas. También afirmó que sus instalaciones tienen capacidad para 100 millones de litros. Esos permisos explican la operación del centro de almacenamiento, pero la FGR aún debe revisar los documentos que acrediten la procedencia de los cargamentos.
¿Era huachicol fiscal?
Por ahora, la versión de que no se trata de huachicol fiscal proviene de fuentes consultadas por la prensa. En su comunicación oficial, la FGR informó que analiza documentos, reúne información de las empresas involucradas y entrevista a directivos para verificar la propiedad y el origen del combustible. La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) asumió la investigación.
El relevo que sacude a la Fiscalía
En medio de las dudas, medios nacionales reportaron que Juan Francisco Vera Ayala fue removido como delegado de la FGR en Guanajuato. Fuentes citadas por La Jornada relacionan su salida con el operativo, aunque la Fiscalía no ha explicado públicamente el motivo del relevo.
¿Quién ocuparía su lugar? Los reportes apuntan a Norma Quevedo Vázquez, funcionaria con experiencia dentro de la FGR, pero su designación todavía no tiene confirmación oficial. Así, el caso mantiene dos asuntos pendientes: aclarar el origen de los 59 millones de litros y conocer la postura formal de la Fiscalía sobre el cambio en su delegación de Guanajuato.
