Por Staff:
GINEBRA, SUIZA, a 21 de septiembre de 2026.— Un informe elaborado por el relator especial de la ONU, Ben Saul, advierte que los ataques aéreos llevados a cabo por Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico violan el derecho internacional y podrían constituir crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con el documento, desde septiembre del año pasado se han registrado al menos 68 ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, fuera de aguas territoriales de EE. UU., los cuales han dejado más de 220 muertos.
El relator sostiene que, aun cuando los objetivos pudieran ser identificados como miembros de grupos considerados terroristas, dichos individuos no habían perpetrado un ataque armado contra Estados Unidos que justificara invocar la legítima defensa bajo el derecho internacional.
Postura del Comando Sur y violaciones al derecho internacional
El informe se da a conocer apenas dos días después de que el ejército estadounidense informara sobre la muerte de cuatro personas en un nuevo ataque contra una embarcación en el Caribe. Mediante un comunicado y un video de baja calidad, el Comando Sur de EE. UU. defendió la acción asegurando que “información de inteligencia confirmada” vinculaba al buque con el narcotráfico y calificó a los fallecidos como “narcoterroristas”.
No obstante, en la nota informativa publicada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Saul argumentó que tales operaciones constituyen ejecuciones extrajudiciales en serie que vulneran el derecho a la vida. El relator enfatizó que estas acciones no están amparadas por la legítima defensa, el derecho internacional humanitario, el derecho del mar, los convenios de control de estupefacientes ni la normativa antiterrorista internacional.
El informe concluye que “existen motivos razonables para creer que los 68 ataques denunciados, en los que murieron 223 personas, constituyeron crímenes de lesa humanidad por homicidio según el derecho internacional consuetudinario”. Ante estas revelaciones, medios internacionales como BBC News se han puesto en contacto con la Casa Blanca y el Departamento de Estado para solicitar una postura oficial.
