SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., a 21 de septiembre de 2026.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos siguió la ruta financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hasta negocios relacionados con la venta, extracción y transporte de combustibles en México, los cuales presuntamente servían para generar recursos y ocultar bienes de la organización criminal.
Petrocoda aparece en la lista de sanciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Petrocoda S.A. de C.V., empresa gasolinera que, según el gobierno estadounidense, estaba controlada indirectamente por Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, a través de personas pertenecientes a su círculo cercano.
El Tesoro identificó a Areli Isis Medina Flores, prima del señalado integrante del CJNG, y a Gabriel Serrano Magaña como las personas relacionadas con el manejo de Petrocoda. La autoridad sostuvo que líderes del cártel recurrían a familiares y colaboradores para administrar compañías y reducir el riesgo de aparecer directamente como propietarios.
El cártel habría diversificado sus negocios
La ofensiva financiera también incluyó a Strong Energy S.A. de C.V., compañía dedicada a la extracción de petróleo y gas natural, así como a Transic Logistic S.A. de C.V.. Ambas empresas quedaron señaladas por su presunta relación con Alma Laura Mena Alvarado y José Mora León, identificados como colaboradores del CJNG.
De acuerdo con Estados Unidos, la organización criminal extendió sus actividades al robo, extracción y contrabando de combustibles, además del tráfico de fentanilo y otras drogas. Estas operaciones causarían pérdidas millonarias al gobierno mexicano y aportarían recursos para sostener la estructura del cártel.
Bloquean bienes de personas y empresas
Las sanciones establecen que todos los bienes e intereses de las personas y compañías designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense deberán quedar bloqueados. Las empresas que pertenezcan en 50% o más a alguno de los sancionados también enfrentarán estas restricciones.
La medida alcanzó a más de 50 personas y entidades mexicanas presuntamente relacionadas con el CJNG. El Departamento del Tesoro informó que coordinó la operación con la Unidad de Inteligencia Financiera de México para afectar las fuentes de ingresos, las redes de lavado y los negocios aparentemente legales del grupo criminal.
