Por Staff:
BOGOTÁ, COLOMBIA, a 8 de septiembre de 2026.— En una decisión que marca un giro en la política de seguridad nacional, el presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer un decreto que pone fin a la prohibición general sobre el porte de armas de fuego que regía en Colombia desde 2015. La normativa busca redefinir el control que el Estado ejerce sobre el armamento legal, permitiendo que los ciudadanos que cumplan con los filtros requeridos puedan tramitar sus permisos correspondientes.
El Ejecutivo federal justificó la medida al señalar que la restricción prolongada durante los gobiernos anteriores limitó los derechos de los ciudadanos de bien, sin lograr frenar el flujo de armamento clandestino utilizado por las estructuras delictivas que operan en distintas regiones del país.
El combate al armamento ilegal como prioridad
Las cifras presentadas por la administración federal sustentan la nueva disposición al evidenciar el volumen de incautaciones logradas por la Fuerza Pública. Entre el inicio de año y los primeros días de septiembre, se retuvieron más de 15 mil armas de fuego, de las cuales una abrumadora mayoría estaba relacionada con economías criminales y grupos armados organizados.
El informe oficial detalló aseguramientos significativos en estructuras al margen de la ley, incluyendo remanentes de disidencias, el Clan del Golfo y el ELN. Bajo esta perspectiva, el gobierno argumenta que el enfoque de seguridad debe concentrarse en desarticular el armamento de los transgresores de la ley en lugar de restringir a los sectores regulados.
Coordinación institucional y supervisión estricta
El decreto enfatiza que el Estado no cede el monopolio de la fuerza, sino que reorganiza los mecanismos de control para que la portación esté sujeta a evaluaciones rigurosas. Las autoridades competentes mantendrán la supervisión de los permisos para asegurar que se cumplan las normativas de seguridad ciudadana.
Con esta promulgación, el gobierno de Abelardo de la Espriella busca equilibrar la seguridad pública con el derecho de los ciudadanos a la legítima defensa, bajo un esquema de corresponsabilidad institucional y fiscalización permanente por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
